Tras el revés sufrido por la resolución de inconstitucionalidad sobre la lista de conjueces que resolvió el martes pasado la Corte Suprema, el secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini, analiza un nuevo plan para enfrentar al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Zannini le habría deslizado a la presidenta Cristina Kirchner, el nombre del juez penal tributario, Javier López Biscayart, como uno de los posibles juristas que podría asumir en la Corte Suprema tras acordar con la oposición.

López Biscayart fue elegido por Néstor Kirchner cuando impulsó allá por el 2012 puso en marcha el fuero penal tributario para erradicar la evasión fiscal. Pese a ese antecedente, el magistrado develó una de las causas de corrupción más emblemáticas en la era kirchnerista, una trama de sobreprecios, coimas y evasión fiscal de la empresa sueca Skanska.

En Marzo de 2013 el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 2 les impuso la pena de seis años de prisión a los empresarios Adrián López y Luis Hernández, por haber sido jefes de la asociación ilícita que vendía facturas apócrifas a grandes empresas que las utilizaban para evadir impuestos, entre ellas la empresa constructora sueca.

La cauda, pese a su resonancia pública, terminó así sin funcionarios co ndenados. En su momento grabaciones revelaban que las coimas eran para “el pingüino” de la Casa Rosada. En ese entonces ocupada por Néstor Kirchner. El ministro de Planificación, Julio de Vido, fue otro de los involucrados.

López Biscayart mantiene dialogo directo con Zannini. Todavía falta el visto bueno de Cristina, pero la Presidenta quiere desarmar la idea de Lorenzetti y de la oposición de dejar vacante para el próximo Gobierno el nombramiento del quinto ministro de la Corte.

Este viernes, López Biscayart se declaró incompetente en la investigación que llevaba a cabo sobre presunta evasión tributaria a través de la empresa The Old Fund, ex imprenta Ciccone Calcográfica, adquirida por Alejandro Vanderbroele, supuesto testaferro del vicepresidente, Amado Boudou.

La cuestión habría sido planteada por la defensa de Vanderbroele que había sido llamado a indagatoria.

Con esta decisión, y por el domicilio que mantuvo desde siempre Ciccone en General Pacheco, le correspondería la causa a la jurisdicción de San Isidro, donde Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fiscal Alberto Nisman, ejerce la magistratura federal.

La estrategia parecería concordar con la del Gobierno. Para muchos allegados a los familiares de la AMIA y DAIA, Arroyo Salgado mantendría una “coartada consensuada” con el oficialismo en la investigación de la muerte del fiscal Nisman, razón por la que el informático Diego Lagomarsino sería el foco de su “pretensión”.

Como sea, la decisión de López Biscayart de “desprenderse” del tramo que le tocaba de la causa Ciccone, mejoró notablemente sus chances de recibir un ascenso.

El Plan B

Si la Presidenta desechara el consejo de Zanini, López Biscayart podría ser congraciado con un cargo en la Cámara Federal, instancia de revisión penal que le ha traído al oficialismo más dolores de cabeza que satisfacciones.

En Marzo de 2015, el Consejo de la Magistratura elevó al Poder Ejecutivo la terna con los tres posibles candidatos para cubrir la vacante en pugna.

El oficialismo, tras las entrevistas de los candidatos, hizo subir dos puestos en las calificaciones en segundo lugar a Javier López Biscayart y tres casilleros a Sebastián Casanello que quedó en tercer lugar. El primer puesto lo ocupa Julio Báez, integrante del Tribunal Oral Criminal número 4.

Sin embargo, Báez, no tendría demasiadas chances, y la pelea está entre Casanello y Lopez Biscayart, que gana cada vez más puntos en la carrera.

De prosperar el concurso a favor de “tortuga” Casanello, como lo apodó el periodista Jorge Lanata, la causa sobre supuesto “lavado de activos” contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, quedaría sin magistrado y debería sortearse un nuevo juez subrogante. El Gobierno no estaría en condiciones de correr ese riesgo.

El 4 de febrero de 2015, la Sala II de la Cámara ordenó la citación de Lázaro Báez por el presunto lavado de dinero en la compra de un campo en Mendoza, en la misma causa en la que ya se encuentran procesados los intermediarios financieros Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, ex dueño de la financiera “La Rosadita” de Puerto Madero.

El 12 de Marzo pasado, Báez se presentó ante Casanello pero se negó a declarar en la causa por presunto “blanqueo de fondos públicos”, aunque entregó un escrito en el que solicitó su “sobreseimiento”.