Tal como había hecho hace algunas semanas con las eléctricas Edenor y Edesur, el Gobierno salió en auxilio de las distribuidoras de gas para que puedan cubrir sus costos operativos y salariales hasta las elecciones y se pongan al día con las facturas adeudadas a las productoras.

Con la cadena de pagos del sector virtualmente cortada y los balances de las empresas en rojo, el ministro de Economía, Axel Kicillof resolvió instrumentar un atípico salvataje que --a contramano de lo que es la práctica habitual del kirchnerismo-- implica la cesión y el manejo de una “caja” especial para las gasíferas.

Por medio de la resolución 3249, el Enargas le otorgó a las distribuidoras Metrogas, Gas Natural BAN, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Gas del Centro, Gas Cuyana, Litoral Gas, Gasnor Gasnea el control directo de los ingresos que alimentan el FOCEGAS, el fondo fiduciario creado a fines de 2012.

De esta manera, las gasíferas pasarán a embolsar una recaudación adicional del orden de los $ 1.200 millones anuales proveniente de los cargos fijos del FOCEGAS que abonan todos los usuarios hogareños, comercios e industrias.

El fondo que ahora administrarán las distribuidoras fue implementado en noviembre de 2012 con el fin de financiar las obras prioritarias de mantenimiento y ampliación de las redes de gas natural. Consiste en el cobro de un monto fijo que en el caso de los clientes residenciales oscila entre los $ 4 y $ 60 por factura y que en los comercios e industrias va desde los $ 150 hasta los $ 2.000, según los niveles de consumo.

Desde su nacimiento hasta ahora, las distribuidoras tenían que recaudar los cargos fijos y transferirlos a un fideicomiso que administraba un “comité ejecutor” integrado por funcionarios de Energía y de la cartera de Planificación de Julio De Vido. Para acceder a esos recursos, las empresas tenían que ejecutar las obras que eran definidas y aprobadas por ese comité.

Con las nuevas reglas de juego, ese mecanismo intervencionista se deja de lado y las recaudaciones de los cargos fijos quedan directamente en manos de las gasíferas que podrán destinar los fondos tanto para obras, como para atender los gastos corrientes y salariales.

Si bien cede el control que venía teniendo sobre el destino de los recursos, por esta vía el Gobierno logra darle algo de oxígeno a las distribuidoras sin tener que tocar las tarifas finales que pagan los usuarios.

Aunque alcanza a todas las operadoras privadas que prestan el servicio de gas por redes, la que sale más beneficiada con este cambio es la restatizada YPF que pilotea Miguel Galuccio.

Por un lado, como dueña mayoritaria de Metrogas -la principal distribuidora del país con 2,5 millones de usuarios en la región metropolitana- se ve favorecida porque la empresa contará con más recursos propios para achicar las pérdidas que tuvo en 2014 y que superaron los $ 300 millones.

Y por otro lado, como productora de gas, ahora YPF podrá empezar a cobrar las facturas pendientes de los últimos meses de 2014 y del primer tramo del 2015 que tienen acumuladas todas las distribuidoras privadas.

Curiosamente, una de las que está en mora con YPF es la propia Metrogas que fue una de las distribuidoras que encabezó el recorte de los pagos a las productoras.