El kirchnerismo aprobó en el Senado el nuevo Código Procesal Penal, que si bien tuvo 42 modificaciones en Comisión no logró el apoyo de la UCR y sólo contó con la ayuda de Carlos Verna y los neuquinos Guillermo Pereyra y Lucila Crexller, quienes permitieron 39 votos, dos más que la mayoría.

Entre radicales y peronistas federales hubo 24 votos negativos, mientras que el senador Carlos Menem fue la nota de color al volver al recinto tras casi un año de ausencia pero no estuvo en su banca al momento de la votación.

Al cierre del debate, Miguel Pichetto no ocultó su fastidio por el rechazo radical, aun cuando la incorporación del sistema inquisitivo por el acusatorio, que le otorga al fiscal el poder de llevar adelante la investigación. “No sé que van a explicar en sus provincias”, se quejó, sin dar interrupciones.

No conformes con las 42 modificaciones, los radicales armaron su dictamen con otros tres cambios claves.

Le quitaron el párrafo que elimina en concepto de “cosa juzgada írrita”, que así deja abierta la puerta a eliminar causas por corrupción; le restaron poder a la procuradora Gils Carbó, que si bien no podrá asignar causas si nombrará fiscales; y eliminaron opción de expulsar a los extranjeros que delincan, por considerar que deben regularse por la ley de migraciones.

“Cuando yo hablaba de cosa juzgada írrita me atacaban de todos lados. Ahora entiendo porqué. El diablo metió la cola en el artículo 5, cuando la sentencia puede abrirse a favor del condenado. ¿Por qué se legisla a favor del condenado y no a favor de la víctima?”, señaló Sanz.

“No estamos tomando en serio la consideración de modificar la Ley de Migraciones. El extranjero en una situación irregular tiene dos salidas: la probation o la expulsión”, agregó Naidenoff.

Morales pidió cambiar la ley de Ministerio Público para que sea “transparente y colegiado” y la procuradora administre “el presupuesto, pero va a estar sujeta a esa comisión”.

En contra, también se pronunciaron la macrista Gabriela Michetti, el socialista Rubén Giustiniani (en nombre del interbloque FAP-UNEN), la peronista disidente y adolfista Liliana Negre de Alonso.

La voz oficial

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Pedro Guastavino, fue el encargado de presentar la reforma al indicar que se trata de "una herramienta que será utilizada especialmente contra el delito organizado y el delito complejo, como la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero".

El salteño Rodolfo Urtubey se encargó de responder cuestionamientos del radicalismo como "el referido al artículo 35 de la suspensión de juicio a prueba para extranjeros" y sobre la queja por el tema de dejar solo para el condenado el beneficio de pedir la revisión de la sentencia.

"Tiene razón Sanz cuando dice que la nulidad obedece a los principios generales del derecho por eso no puede incluirse en el Código", disparó Urtubey, pero aclaró que "una cosa es la revisión de la condena, que siempre ha sido en el derecho penal humanista el último recurso a favor del condenado" y otra es "la nulidad de la una sentencia".

Entre las modificaciones incorporadas por el oficialismo se cuenta también la eliminación del polémico concepto de "conmoción social" como argumento para impedir la excarcelación de un acusado; se incluyó el sistema de sorteo para la adjudicación de causas a los fiscales en lugar de la facultad que se le daba a la Procuración General de la Nación para hacerlo en forma discrecional.

Se incorporó como condición para considerar peligro de fuga de un imputado "la constatación de detenciones previas" y la "declaración de reincidencia por delitos dolosos", que en la práctica significa un cerrojo para evitar lo que en lenguaje popular se conoce "puerta giratoria", dado que el juez podrá tener en cuenta la existencia de causas pendientes a la hora de dictaminar que un detenido por un delito siga preso.