La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados recibió hoy especialistas en derechos humanos que, en general, fueron críticos respecto de los proyectos que están en tratamiento para regular los piquetes y la protesta social.

Una de las principales críticas llegó desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que dirige Horacio Verbitsky, un aliado del gobierno. 

A través de Marcela Perelman, quien hizo notar que "el abordaje no violento" de la protesta social desde el Estado "registró debilidades" en los últimos años, y ocasionó la muerte de "al menos 15 personas" en el marco de manifestaciones y piquetes.

Por su parte, también del CELS, su colega Paula Lituasky advirtió que "reducir la discusión al piquete o al corte de calles no es la perspectiva correcta" para abordar el conflicto social y expresó su posición en contra de los proyectos para regular las manifestaciones públicas que "parecen basados en que habría un uso abusivo de la protesta".

Paola García Rey, de Amnistía Internacional, precisó que de acuerdo al derecho internacional "el carácter primario del derecho a manifestar restringe la regulación" que puede hacer el Estado de la protesta social.

Además, indicó que para establecer ciertas reglas para las manifestaciones el Estado debe ser el que "tenga que demostrar que cualquier restricción cumple con los requisitos que establece el derecho internacionales para que sea legítima" y no al revés.

García Rey también se expresó en contra de que se establezca la autorización como requisito para llevar a cabo una protesta o que la notificación previa, como indican algunos de los proyectos que considera la comisión, "juegue el rol" de la autorización.

La comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Diana Conti (FPV), tiene en análisis nueve proyectos de ley presentados para regular y organizar la protesta social y dos para declarar la amnistía de los procesados por participar en protestas sociales.

En la reunión de esta tarde también fue consultada la ex defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, quien destacó que el sistema democrático "es un sistema ruidoso" y recordó que "la palabra es el instrumento fundamental de la democracia".

Pierini estimó conveniente que institucionalmente se organicen equipos de mediadores o "facilitadores" para resolver los conflictos, pero sostuvo que ellos no deberían estar dentro de las fuerzas de seguridad porque "su paradigma es la lucha contra el delito".

Por eso, marcó que es importante "sacar del campo del delito la conflictividad social" y resaltó la necesidad de, ante todo, "no retroceder en el legado de 30 años de democracia".

Lucas Grosman, otro especialista consultado, dio un giro en el abordaje de quienes lo había precedido en la palabra el distinguir entre las formas de protesta a los piquetes, los cuales a su entender pretenden ocasionar "un daño intencional con el objeto de robustecer el reclamo sobre el que está en posición de satisfacerlo".

"No es un modo de protesta que favorezca la deliberación democrática", afirmó Grosman en la reunión.

El martes próximo la comisión de Asuntos Constitucionales recibirá a representantes de organizaciones gremiales y sociales para que den su opinión sobre los proyectos que están en consideración de la Cámara baja.