Sumar aliados sueltos, negociar abstenciones y aprovechar las licencias en Cambiemos es el plan que los referentes del Frente de Todos en Diputados trazaron hace una semana para hacer el primer intento en aprobar la reforma del ministerio público, que obliga a abandonar el cargo al procurador interino Eduardo Casal. 

Sus ejecutores por ahora no logran llegar a los 129 votos necesarios para el quórum, pero no tiran la toalla después de dar el martes el primer paso con la firma del dictamen y provocar una virulenta reacción de Cambiemos, con reuniones de Mauricio Macri y Elisa Carrió con mesa nacional y campañas de escraches contra los indecisos.

El proyecto elimina el carácter de vitalicio del procurador, para darle un mandato de 5 años y una reelección. Permite que sea elegido por la mayoría oficialista del Senado y reduce su poder para nombrar y juzgar fiscales, que deberían someterse a un Tribunal de Enjuiciamiento con mayor presencia del Gobierno de turno. 

El kirchnerismo logró dictamen de la reforma del Ministerio Público y negocia los votos para que sea ley

Para acercar posiciones, el flamante ministro de Justicia Martín Soria le sumó espacios de poder a la asociación de fiscales, encabezada por Carlos Rívolo, pero por ahora no alcanzó para garantizar la sanción. Si hay una mayoría en Diputados para aprobarla con estas modificaciones, se descuenta que el oficialista del Senado la sancionará. 

Hace una semana, los poroteos finos no eran tan claros y por eso, temerosos, los referentes de Cambiemos amenazaron con frustrar la sesión del último miércoles convocada para aprobar la ley que pospone el calendario electoral, si al oficialismo se lo ocurría colar el tema procuración.  

Eduardo Bucca y Andrés Zottos. 

LPO/ Juan Carlos Casas.

El Frente de Todos reúne hasta 119 votos propios, si retornara de su licencia José Ignacio de Mendiguren y Sergio Massa tuviera que desempatar. El martes confirmó la ayuda para esta ley del mendocino José Luis Ramón y sólo uno de sus 6 dirigidos del bloque Unidad para el Desarrollo se apartó de su posición: el rionegrino Luis Di Giácomo, que sigue en contra sólo porque el ministro de Justicia es su enemigo local.

Con esta base, al Gobierno le faltarían al menos 5 aliados y la lista de indefinidos, hasta el lunes, era igual o mayor. Se podían calificar como tales al santacruceño Antonio Carambia, al riojano Felipe Álvarez y a la dupla justicialista del interbloque Federal: el bonaerense Eduardo Bucca y el salteño Andrés Zottos. 

 Al Gobierno le faltarían al menos 5 aliados y la lista de indefinidos, hasta el lunes, era igual o mayor. Pero la presión de Cambiemos logró que varios se pronunciaran en contra. Camaño y el gobernador Gerardo Morales son los dos atajos finales para buscar una mayoría.  

A los tres últimos los une una condición: dejan sus bancas este año y no les resulta fácil renovar como opositores. En una situación similar se encontraba la tucumana Beatriz Ávila, aliada del oficialismo hasta mediados del año pasado. 

Se sumaba al lote de dudosos la neuquina Alma Sapag, por la siempre convivencia del gobernante Movimiento Popular Neuquino con el presidente de turno, que en 2013 fue clave para que Cristina Kirchner aprobara su reforma judicial. 

El dictamen del martes puso manos a la obra a los operadores de Cambiemos, que con llamados cruzados lograron avanzar casilleros, aunque no se animan a cantar victoria definitiva.

Sapag ratificó que no acompañará. "No acompaño esta reforma porque debilita la estabilidad en el cargo de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal", dijo a los medios locales. Ávila aclaró que no cuenten con ella. "No sólo rechazo la iniciativa, sino que además no daré quorum, en caso que llegase al recinto para su tratamiento".

Graciela Camaño. 

LPO/ Juan Carlos Casas.

Pero el golpe más duro que recibió la tropa kirchnerista fue un tuit de "Bali" Bucca, que, si ni bien no anticipó su voto, le baja el precio al debate. "No logramos establecer consensos básicos de parámetros sanitarios para la toma de decisiones. ¿Qué reforma del ministerio público fiscal podríamos hacer en estas circunstancias?", se preguntó.

Zottos lo reenvío, sin dar una opinión propia, y cuando fue consultado en la prensa se resistió a anticipar su postura y denunció fuertes presiones, con llamados y mensajes intimidatorios. Junto a Bucca, siguen en la lista de probables del Frente de Todos.

Muchos de los mensajes de apriete llegaron el miércoles porque, al parecer, los detractores de la ley temían que fuera incorporada a las apuradas en la sesión del día siguiente. Alcanzaba un decreto de Massa con una convocatoria a la madrugada, pero, en verdad, los números todavía no están para una jugada de tal calibre. 

"Necesitamos dos o tres semanas. No hay apuro. Nos alcanza con 129 sillas ocupadas y varias abstenciones", explicó a LPO un diputado a cargo de las negociaciones. La ley podría ser aprobada con menos votos porque en Cambiemos estará de licencia a la chaqueña Estela Regidor, acusada de retener el sueldo de sus empleados. En la sesión del jueves no llegó a aprobarse. 

Y hay versiones de otros diputados del principal frente opositor fuera del país y licencias por denuncias que podrían avanzar, como que la que recibió Juan Aicega, del PRO, por presuntos fondos no declarados. Claro que quien ayude con quórum y abstención será igual o más castigado por los detractores de la reforma que si vota a favor. 

En la paleta de negociaciones posibles del Gobierno se abren otras opciones, por ahora sin mucho sustento, como la ayuda de Graciela Camaño, quien el pasado lunes firmó el comunicado de rechazo a la reforma junto a sus dos pares de Consenso Federal (Jorge Sarghini y Alejandro "Topo" Rodríguez).

Felipe Álvarez. 

Fotografía HCDN

Pero al otro día no se plegó al dictamen en rechazo de Cambiemos, sino que firmó uno propio con su propuesta de Ministerio Público. "Tal vez lo quiera defender con el quórum", se entusiasman algunos negociadores del oficialismo y recuerdan que Camaño es aliada en el Consejo de la Magistratura y opositora en el recinto. Y que en tal caso será cuestiones de invertir los roles. ¿Si ayuda con el quórum, vota en contra y es ley, la culpa será de ella o de los cambiemistas de licencia? Relecturas que empiezan a surgir. 

El otro foco de la negociación, por ahora en ciernes, está centrado en una figura de Cambiemos que cada vez gana más espacio en la escena internacional como contracara de la línea dura del PRO: el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales.

Morales instruyó a sus dos diputados (Jorge Rizzotti y Gabriela Burgos) a votar varias medidas del Gobierno el año pasado, como el impuesto a la riqueza, aunque evitó quedar enganchado en temas sensibles. 

En el Senado, todavía está cajoneado el proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy presentado por el peronista de esa provincia Guillermo Snopek. Se trató en la Comisión de Asuntos Constitucionales en marzo de 2020, todavía sin pandemia, y el kirchnerismo que domina esa Cámara  jamás volvió a considerarlo.

Casualidad o no, esta semana los senadores del Frente de Todos avanzaron y logaron aprobar una ley de promoción de ovejas y llamas, que sorprendió a los diputados patagónicos que sólo reclamaban por la renovación de la primera, que venció el mes pasado.

Sin muchas explicaciones, el jefe del oficialismo en el Senado, José Mayans, juntó las dos promociones en una ley. Las llamas son los animales típicos de la puna, con el principal rodeo en Jujuy.  

La nueva versión alcanzó para que la celebre el rionegrino Alberto Weretilneck, jefe de Di Giácomo, quien presentó un proyecto para continuar con la promoción a la ovejas.

Otra ley en la que el oficialismo buscó acercar un aliado fue la ampliación del subsidio al gas por zonas frías, que tuvo entre sus promotores al lavagnista Rodríguez, por ahora sin señales de ayudar. Intentos del oficialismo para conseguir los aliados que le faltan si quiere sancionar una de las leyes más buscadas por la vicepresidenta. Todavía no lleguan.