Ni bien se rompieron las negociaciones entre Cambiemos y el oficialismo en Diputados para renovar las votaciones remotas, Cristina Kirchner convocó a una sesión para aprobar este jueves leyes y decretos pendientes.

A muchos senadores de su bloque les sorprendió el llamado repentino y lo vincularon a la necesidad de despejar de la agenda temas ríspidos, antes que llegue el debate por la continuidad de las reuniones telemáticas.

El protocolo vence el 13 de septiembre y cuando se extendió por última vez no estuvo exento de polémicas porque se usaron dos decretos internos, el segundo a pedido de la oposición para restringir el plazo a 60 días. En su ida y vuelta con Cristina, el radical Martín Lousteau exigió dejar constatado que, según su interpretación, el primero había sido rechazado por no haber contado con los dos tercios y por lo tanto carecía de validez.

Fue el mismo argumento utilizado por los diputados de Cambiemos para considerar nula la continuidad de la modalidad telemática en la caótica sesión de este martes, cuando no lograron condicionarla a la exclusión en los temarios de la reforma judicial y la previsonal, que ni siquiera fue enviada al Congreso. Quieren tratarlas cara a cara. 

El oficialismo del Senado confía en que no afrontarán un reclamo similar. "Se va a estirar, con un poco de show nomás",  aseguran. Claro que si finalmente se habilitan las sesiones al aire libre para los Diputados, como se negocia, más fácil será reeditarlas en la Cámara alta, que tiene la tercera parte de legisladores. 

Lousteau comparó a Mayans con el cómico Mario Sánchez y Cristina lo retó

De modo presencial o remoto, Cambiemos reclama sancionar dos leyes aprobadas por unanimidad en Diputados y cajoneadas en el Senado: la de promoción a la economía del conocimiento, que Lousteau pide incluir en cada sesión; y la que suspende los procesos de quiebra de las empresas hasta el 31 de marzo de 2021, que este miércoles solicitó tratar cuanto antes Cristian Ritondo, el jefe del PRO en Diputados. Usó los últimos segundos de la fugaz conferencia de prensa para pasar la factura.  

En el Frente de Todos no están en carpeta ninguno de estos proyectos y el motivo sería la presunción de que podrían beneficiar intereses personales de Mauricio Macri y por eso es prefieren estudiarlos bien, sin confrontar con sus compañeros de la Cámara vecina que los aprobaron.  

La ley de economía del conocimiento, conocida como promoción del software, fue enviada por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en febrero en reemplazo de la sancionada el año pasado, que no debía ser otra cosa que la renovación de los beneficios otorgados al sector con una norma similar en 2004. 

La ley de quiebras podría evitar la del Correo Argentino, de la familia Macri. Telecom y Mercado Libre se favorecerían con la promoción al software. En el kirchnerismo buscarían evitarlo. 

Kulfas la miró con lupa ni bien asumió e identificó que, como había quedado redactada, permitía que compañías de otros rubros se consideraran tecnológicas por sus desarrollos más avanzados y se anotaran para pagar menos impuestos. "Era un colador", repetía. 

La ley es bien generosa: reduce el 60% de Ganancias y otorga un crédito fiscal transferible por una única vez con el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la seguridad social.

El artículo 2 del proyecto que se aprobó en Diputados intenta precisar los beneficiarios. Excluye las actividades de "autodesarrollo", definido como el "realizado por una persona jurídica para su propio uso o para empresas vinculadas, societaria y/o económicamente, y en todos los casos".

Además, las empresas deberán demostrar que el 70% de su facturación del último año provino de "actividades promovidas de manera intensiva para incorporar conocimiento derivados de avances científicos y tecnológicos en sus productos, servicios o procesos productivos". Y obliga a cumplir dos de tres requisitos a las compañias: acreditar mejoras continuas en sus servicios, inversiones en capacitación de empleados o investigación y desarrollo; o exportaciones de bienes que surjan de estas actividades. 

Las sesiones remotas en el Senado. 

Si no alcanzaba, la oposición de Diputados sugería que bien podía corregirse en la reglamentación pero a los senadores del Frente de Todos no les convence. Según supo LPO, Kulfas se contactó con los referentes de la bancada que conduce José Mayans para garantizarles que sólo se protegerá a los emprendedores Tics, creyó haberlos convencido pero la ley nunca se trató.

Fuentes del bloque confirmaron a LPO que persisten las dudas sobre un posible beneficio a compañías como Telecom y Mercado Libre, que el kirchnerismo considera cercanas a Macri. El ministro debería ser el primer interesado en evitarlo, porque sufriría las represalias internas por una merma en la recaudación que no está en los planes de nadie. 

En el Senado creen que sólo una intervención de Alberto y Cristina y podría sacar del freezer la ley y calmar a los empresarios tecnológicos, incrédulos por no contar con una de las herramientas que más divisas y empleo permitió aportar al país en este siglo, ideada nada menos que por Néstor Kirchner.

El proyecto para suspender las quiebras fue aprobado por unanimidad en Diputados por una gestión de Sergio Massa con Ritondo. Lograron un dictamen en tiempo récord en la Comisión de Justicia, presidida por el kirchnerista Rodolfo Tailhade.

En ese debate sumó un artículo que excluyó a "personas humanas que no desarrollan actividades comerciales ni empresarias", celebrado en Cambiemos como un bloqueo a Oil Combustibles, de Cristóbal López, que en la misma sesión fue favorecido con la moratoria fiscal del Gobierno.

Pero la ley sí podría ayudar a Correo Argentino S.A., propiedad de Socma y Sideco, de la familia Macri, cuyos ejecutivos tuvieron una buena noticia hace quince días: cuatro empresas y un particular ofrecieron en la justicia hacerse cargo de la deuda y tomar las riendas de la gestión, suficiente para evitar que la jueza Marta Cirulli decretara la quiebra.

El juicio lleva 18 años y en 2017 fue sacudido por el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín que declaró "abusivo" el acuerdo al que había llegado el Gobierno con la empresa para regularizar la deuda. Hace pocas semanas contó primera vez detalles de la denuncia, para protegerse de un intento de desplazarla de procurador Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo busca desplazar y Macri ordenó proteger como sea. 

"La ley, como quedó, no incluye a Cristóbal, pero sí a Macri", confirmó a LPO una fuente de Diputados que trabajó en la letra fina. Claro que la norma fue pensada para evitar la quiebra de empresas que cerraron las persianas por las cuarentenas y temen no poder volver a abrirlas. Pero nunca se sancionó. El Senado no la trata.