Alberto Fernández envió este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para prorrogar las deudas de las provincias con Anses y continuar con la asistencia a las cajas previsionales deficitarias, una urgencia de gobernadores que pueden ayudar en la sanción de la reforma judicial, que Sergio Massa dijo que negociará con la oposición hasta fin de año. 

Su primer paso será definir con los jefes de los bloques opositores la continuidad de las sesiones remotas, a en una nueva reunión de labor parlamentaria que convocará en los pasos a seguir. Cambiemos anticipó que sólo quiere tratar por internet proyectos vinculados a la pandemia, pero otras cómo la reforma judicial o el presupuesto piden debatir en forma presencial. 

No es la idea del oficialismo, que pedirá prorrogar el sistema por un plazo determinado (viene haciéndolo a 30 días) y con temarios abiertos, que mixturen leyes urgentes para las provincias y otras pedidas por el Gobierno. "¿Los diputados del gobernador (de Jujuy Gerardo) Morales o de (el jefe de Gobierno Horacio) Rodríguez Larreta no van a avalar la ley para que no les retengan coparticipación?", se preguntó Massa en una entrevista televisiva. 

"La semana que viene vamos a tener sesión porque tenemos que castigar y aumentar las multas de los que pescan ilegalmente en Malvinas y porque tenemos que resolver el tema de las deudas de las provincias con el ANSES y el cuidado del Fondo de Garantías que es la jubilación de nuestros hijos", anunció. 

El Gobierno accedió a que las provincias posterguen el pago de sus deudas con el FGS

Como explicó LPO, el segundo proyecto suspende el pago de pasivos de las provincias de la Anses por créditos impagos, que se cobraban con retenciones de coparticipación y acumulaban 102 mil millones de pesos. La próxima retención es la semana siguiente, las provincias quieren evitarla, pero necesitan que la ley sea aprobada por las dos Cámaras del Congreso. 

Además, contempla la continuidad del financiamiento de los déficits en las cajas jubilatorias de las provincias definido en la ley de reparación histórica de 2016. Una de las mayores beneficiadas es Córdoba, cuyos diputados anunciaron que votarán en contra de la reforma judicial y complicaron su sanción. 

Las cuotas siguientes se financiarán con aportes del Tesoro y no del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses, con un patrimonio diezmado que está siendo estudiado por la Auditoría General de la Nación. La ley, además, restringe sus operaciones a "aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía argentina en general". 

No es la única iniciativa en carpeta del oficialismo: la próxima es la ley de promoción al turismo, solicitada por Cambiemos y aprobada la semana pasada en el Senado por unanimidad. Como parte del permanente zizagueo del gobernador Juan Schiaretti, el fin de semana su bloque comunicó, por twitter, que avalarían la continuidad de sesiones remotas sin límites en los proyectos a tratar. 

En septiembre llegará el presupuesto de 2021, con la pauta financiera para asistir a las provincias, y los cordobeses no tienen problema en votarla por internet. Al igual que el proyecto para no liquidar deudas con Anses, su sanción definitiva será en el Senado, como y cuando quiera la mayoría oficialista que domina esa Cámara.

El tratamiento de la reforma judicial sería simultáneo en Diputados, con los gobernadores interesados en cerrar sus cuentas cuanto antes. Ayer, mientras la ley se debatía en el plenario de comisiones del Senado, los emisarios de los mandatarios provinciales negociaban obras con Alberto Fernández por teleconferencia. Serían incluidas en el presupuesto.