El gobierno de Axel Kicillof descartó una propuesta para liberar entre 10.000 y 15.000 presos de las cárceles bonaerenses como había planteado la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo estatal autárquico.

Como adelantó LPO, el coordinador del área de Justicia y Seguridad democrática del organismo, Rodrigo Pomares, había planteado que "entre 10.000 y 15.000 sería el número que se reconoce que estaría en condiciones de tener que salir" de las cárceles bonaerenses para solucionar la superpoblación carcelaria.

Kicillof evalúa una propuesta para liberar 15.000 presos de las cárceles

Hasta este sábado, el gobierno había esquivado una desmentida formal a esa propuesta. Sin embargo, por la tarde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, emitió un comunicado en el que rechaza esas declaraciones y destaca que "la mesa interinstitucional de diálogo nunca analizó medidas de excarcelación anticipadas a las penas establecidas por el Poder Judicial".

El contrapunto aparece como una instancia extraordinaria en la relación entre el gobierno y el organismo. Suele ser la Comisión quien avanza con críticas formales hacia gobierno, pero -por fuera de eso- ambas partes mantienen una convivencia sin roces. Esa instancia se mantuvo incluso durante los cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal.

Aún así, el comunicado de ministerio que conduce Alak evita la confrontación directa. Evita citar las declaraciones de funcionario de la Comisión y no consigna el nombre Pomares.

Para el funcionario, la política a seguir debe ser "racionalizar el sistema". En declaraciones a Radio Continental dijo que debe buscarse mecanismos que permitan contar con un sistema más racional. "El uso de la privacidad preventiva es exacerbado y y es algo que viene generando condenas de distintos organismos internacionales. Hoy el 50% de las personas que están en el sistema están con presión preventiva. Son inocentes que están en el sistema carcelario", dijo.

La propuesta de Pomares contempla reducir las penas a condenados por ciertos delitos, de forma de excarcelar a madres con hijos, personas de 60 años que hayan cumplido la mayoría de la condena o presos sin sentencia firme que cometieron delitos menores.

La polémica surgió a partir del último informe del tribunal de Casación Penal que da cuenta de la compleja situación en las 58 unidades penitenciarias de la provincia donde hay encarceladas (o en dependencias policiales) más de 50.000 personas para una capacidad de 25.000 cupos.

El problema de la superpoblación de cárceles arrastra varios años. Durante los años en que Felipe Solá gobernó la provincia se planteó la idea de utilizar container adaptados para alojar detenidos en seccionales.

En tanto, María Eugenia Vidal intentó ceder a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias, pero el fracaso de los contratos de PPP hizo naufragar los proyectos en danza.

Al asumir frente a la gobernación provincial, Kicillof debió afrontar una huelga de hambre de más de 10 mil internos, que en el último tramo de la gestión de María Eugenia Vidal reclamaban por la falta de comida en las penitenciarías.

Días después de la jura, el mandatario creó una "mesa interinstitucional de diálogo" con el objetivo de reunir a todos los actores institucionales del área y evaluar soluciones comunes. En ese marco, se anunció que el 5 de febrero la mesa se trasladará a las cárceles para recibir el reclamo de detenidos y sus familiares.