La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó este viernes la liberación del empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, como había anticipado en exclusiva LPO.

La decisión de liberar a los ex dueños del Grupo Indalo fue tomada por la Sala 1 de la Cámara, con la disidencia que había revelado este medio: Leopoldo Bruglia se expresó en contra, pero sus pares Jorge Ballesteros y Eduardo Farah definieron la excarcelación.

López está detenido en la cárcel de Ezeiza desde el 20 de diciembre, cuando se entregó tras el procesamiento con prisión preventiva que había dictado un día antes el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa por la evasión de unos 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles (una suma que la AFIP sitúa ahora en 17 mil millones).

En el fallo, la Cámara confirmó los procesamientos de López y De Sousa, aunque cambió la calificación de "administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional" a "apropiación indebida de tributos", es decir evasión que prevé una pena menor. Con esta decisión, incluso, podría conseguir el traspaso de la causa al fuero penal económico, un viejo deseo de los empresarios.

Además, claro, el fallo de la Sala I revocó la prisión preventiva que había dispuesto Ercolini. El magistrado había considerado que López quiso entorpecer la causa con maniobras para dividir el Grupo Indalo o venderlo. Pero los camaristas consideraron que su libertad no pone en riesgo la investigación.

 Jorge Ballestero

LPO había revelado hace 15 días que la Cámara se inclinaba por la liberación de López. En ese momento, ya se sabía que Ballestero y Bruglia estaban en disidencia, pero el camarista encargado de desempatar, Farah, apoyaría la liberación. 

Con distintos integrantes, la Sala I ya había definido la liberación de Amado Boudou y Roberto Baratta (además de dictarle la falta de mérito a Julio De Vido), lo que demuestra que hay una tendencia importante dentro de la Cámara a ponerle un límite a las prisiones preventivas que los jueces de primera instancia dictaron en los últimos tiempos. De hecho, en la Cámara hay bronca por la presunta presión que la Rosada ejercería sobre esos magistrados para que manden presos a ex funcionarios o empresarios ligados al kirchnerismo.

Quien manteniendo el respaldo a estas prisiones (excepto en el caso de Boudou, aunque pidió ponerle una tobillera) es Bruglia, aunque su situación no es la mejor después del fallo de la Corte Suprema que puso en crisis los traslados entre distintos fueros que impulsa el Gobierno. Bruglia acaba de ser trasladado de un tribunal oral a la Cámara.

Las tensiones y diferencias que hay en Comodoro Py también existe en el Gobierno, donde ya hay una interna bastante marcada entre quienes seguir a fondo con esta estrategia, y quienes recomiendan ponerle un freno, como explicó LPO.

De un lado, están quienes quieren seguir empujando las denuncias y causas contra ex funcionarios, empresarios y sindicalistas, pero también contra los jueces que dicten algún fallo a su favor. Este grupo lo lideran Elisa Carrió y los asesores judiciales de Macri, José Torello y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.

En la vereda opuesta, otros hombres del macrismo que inciden en la Justicia plantean que hay que tener en cuenta la gobernabilidad y el riesgo de que en Comodoro Py tengan vía libre para meter presos a involucrados en casos de corrupción, aunque no estén avanzadas como sucede en varios causas. Creen que tarde o temprano puede lastimar al propio Gobierno. Es este grupo están Daniel Angelici y Gustavo Arribas.

La situación de las empresas

Una vez resuelta la situación personal de López (al menos lo relativo a su libertad), continuará el capítulo de la delicada situación de las empresas del ex Grupo Indalo, ahora en manos de Ignacio Rosner.

En todo lo vinculado a las empresas de López hay cuatro juzgados que intervienen: los magistrados federales Julián Ercolini y Marcelo Martínez De Giorgi, el juez en lo comercial Javier Cosentino, y la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia. Es decir que la situación es por demás compleja desde todo punto de vista.

En la capítulo de las empresas mediáticas del ex Grupo Indalo la discusión sigue siendo quién se las queda. Se sabe que Rosner quiere desprenderse de los medios, y que como contó LPO Daniel Vila avanzó fuerte por las radios y los canales, pero se frenó porque la justicia impide venderlo porque legalmente todavía no está concretado que López los haya vendido.

Sin una posibilidad clara de venta, empezó a circular un rumor muy fuerte de que Mauricio Macri podría tomar la decisión de dejar implosionar a esta parte del ex Grupo Indalo y dejar que se liciten nuevamente las licencias de las radios y los canales para que los nuevos dueños surjan de un proceso transparente, en un modelo similar a lo que sucedió con Radio América. El Gobierno no quiere quedar pegado a acusaciones de que favoreció a algún grupo mediático.

Por otro lado, corre la puja empresaria por el área petrolera del Grupo, la más codiciada. Esta semana Oil Combustibles decidió paralizar totalmente la refinería San Lorenzo, en Santa Fe.