En la misma semana que fue citado a indagatoria y se le prohibió la salida del país, Julio De Vido disfrutó ser uno de los de los miembros informantes de una ley para promover las energías renovables.

Como adelantó LPO, se trata de un proyecto del ex Greenpeace y diputado PRO Juan Carlos Villalonga, que fomenta el uso de energías renovables en residencias y pymes, con la alternativa de inyectarla a la red eléctrica pública.

Sólo se excluyen a las empresas que tengan una cuarta parte en manos extranjeras o clientes con potencias mayores a 300 KV.

Eufórico por las licitaciones de renovables, Juan José Aranguren envió ayer a la Comisión de Presupuesto a Sebastián Kind, subsecretario del área.

Lograron un dictamen con muchas disidencias, que siempre es un riesgo porque el proyecto puede aprobarse con cambios en el recinto y terminar siendo un texto impensado.

Los macristas Luciano Laspina y Villalonga, a cargo de la negociación, lograron evitarlo con un acuerdo sólido junto al kirchnerismo y al Bloque Justicialista, que arriesgar la autonomía provincial.

Al primer grupo bastó con darle micrófono a De Vido, que como presidente de la Comisión de Energía se adueñó de la ley y recordó la primera ley de promoción de biocombustibles, en 2007.

"Este proyecto marca la continuidad con las iniciativas para desarrollar las energías renovables que llevó adelante Néstor Kirchner en 2004 con el Plan Energético Nacional", se jactó el ex ministro.

Villalonga, de buena convivencia con él en la Comisión de Energía, respondió amistoso. "Esta norma es un perfecto complemento a la Ley 27.191, aprobada en 2015, que le da marco al ingreso de las energías renovables al mercado eléctrico mayorista, el marco que ha permitido que hoy se desarrolle tan exitosamente el Programa RenovAR".

"Lo novedoso es que hablamos de energía distribuida con fuentes renovables del lado del usuario, es decir, del lado del consumo. Esto es absolutamente nuevo, no está previsto en ninguna norma que rija el mercado eléctrico, y por eso la necesidad de esta ley", se diferenció.

Para lograr un apoyo casi unánime, aclararon que los edificios obligados a incorporar renovables debían ser los nacionales y ratificaron el rol de las provincias en la promoción. Fue un pedido de los salteños Javier David y Pablo Kosiner, leales a Juan Manuel Urtubey.

También se obligó al Gobierno a incentivar a los productores locales a través del"Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS)", creado para crear incentivos, a la generación de fuentes renovables. Era una obsesión de la kirchnerista Carolina Gaillard. No se podía arruinar una noche de acuerdos.