El Gobierno envió al Congreso cuatro leyes sobre la transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte del proceso de autonomía de la Capital Federal tras la reforma constitucional de 1994.

El traspaso tiene la resistencia del gremio de empleados judiciales de la Nación liderado por Julio Piumato, quien llegó a compararlo con la reforma judicial de Cristina Kirchner en 2013, sancionada pero frenada en la justicia.

Ocurre que uno de los cuatro proyectos es la "Transferencia Progresiva de la Justicia Nacional Ordinaria Penal", que mudaría por siempre las causas que compliquen al Gobierno y no impliquen delitos federales.

Los otros proyectos son los de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en todas las materias no federales (enviado al Senado, junto al anterior); la Transferencia de la Justicia Nacional en Relaciones de Consumo; y otro de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires (enviados a la Cámara Baja).

Los cuatro proyectos ingresaron al Congreso el viernes a última hora y todavía no tuvieron giro de comisiones, y en ambos cuerpos legislativos estaban en disposiciones de los respectivos secretarios parlamentarios. 

El traspaso Progresivo de la Justicia Nacional Ordinaria Penal fue materializado en un convenio firmado en enero entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de la Ciudad Autónoma, Horario Rodríguez Larreta.

El fuero porteño tratará "delitos contra las personas", como el abuso de arma; "delitos contra el honor", como calumnias e injurias; y "delitos contra la integridad sexual", como "contactar, por medios de comunicaciones electrónicos, a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma".

También, incluyen "delitos contra la libertad", como delitos de funcionarios públicos contra la libertad individual, amenazas, violación de domicilio, violación de secreto y contra la privacidad, así como el acceso ilegitimo a las comunicaciones y a datos o sistemas informáticos de acceso restringido; "delitos contra la propiedad" y "delitos contra la seguridad pública", que incluye entre otros los incendios y otros estragos provocados, la tenencia, portación y provisión de armas de fuego y de guerra; y "el delito contra la seguridad en el transito".

La lista contempla, además, "delitos contra el orden público", como la instigación a la violencia, el abuso de autoridad y la violación de los deberes del funcionario público, así como el cohecho y tráfico de influencias, o la malversación de caudales públicos y las negociaciones incompatibles con la función pública, y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, entre otros.

Otra de las iniciativa enviadas por el Ejecutivo es la Transferencia Progresiva de facultades y funciones del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en todas la materias no federales (y su correspondiente convenio entre el Estado Nacional y el de la CABA), que incluye "la trasferencia progresiva de competencias, órganos, personal, bienes servicios y recursos".

Además, se cuenta el proyecto de ley para la Transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria en las Relaciones de Consumo con asiento en la Capital Federal, que contempla el traspaso de 8 juzgados de primera instancia, 3 fiscalías y 3 defensorías públicas ante los referidos tribunales, así como el pase de 6 vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, y 1 fiscalía y 1 defensoría ante las Cámara aludida.

Es en estas mudanzas donde el gremio de judiciales pone el grito en cielo, porque no está claro cómo se encuadrará el personal. Piumato maneja a los empleados de la justicia federal.

A los magistrados tampoco les agrada el cambio. "La Constitución no le dio a la Ciudad la facultad de tener su propia justicia, sino de ocuparse de cuestiones menores, porque no se habla de administración de justicia como en otras provincias. Nos oponemos al traspaso desde 1994. No sé qué hará el Congreso, pero si lo aprueban recurriríamos a la Justicia", dijo en enero María Lilia Díaz Cordero, presidenta de la Asociación de Magistrados, poco después de la firma entre Larreta y Macri.

Por último, se encuentra el proyecto de ley de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) en Todas las Materias No Federales en la Ciudad, por la cual se traspasan las "funciones, competencias, órganos, entes, personal, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y/o de comunicación), convenios y contratos en ejecución con los que cuente y utilice" la IGJ.