El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich quiere crear una nueva empresa mixta de dragado y balizamiento y con ese fin le encargó a ex gerente de Ford que elabore las bases contractuales de una asociación pública-privada para comenzar a negociar la incorporación de operadores externos.

Tras desechar la idea de una compañía puramente estatal que le había planteado a los gremios del sector en las primeras semanas de gestión, ahora Dietrich salió a impulsar la conformación de una sociedad pública-privada que se encargará de prestar los servicios de dragado y balizamiento en las vías navegables de jurisdicción nacional, con excepción del corredor fluvial Paraná-Río de Plata que está en manos de la concesionaria Hidrovía SA.

La iniciativa que apunta a transformar el funcionamiento del área de construcciones portuarias comenzó a tomar forma en la última semana de 2016 con la creación de una “comisión asesora en temas de dragado y balizamiento” en el ámbito de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

Lejos de poner a un especialista del sector, Dietrich colocó al frente de esa comisión a un ex gerente de Ford Motor de Brasil y Argentina y ex asesor de Subterráneos de Buenos Aires.

Se trata de Dino Zanetti, quien como “coordinador” de la comisión tendrá por delante dos tareas calve:

--Evaluar y analizar la posibilidad de implementar una modalidad de contratación donde la administración pública nacional y el sector privado operan conjuntamente en la prestación del servicio de dragado y balizamiento.

--Estructurar un proyecto que contemple las bases del futuro contrato de participación público-privada y sirva de sustento para iniciar el diálogo con los sujetos privados.

La disposición 173/2016 que dio origen a la comisión asesora advirtió que actualmente la Dirección Nacional de Vías Navegables “se caracteriza por contar con una enorme cantidad de recursos materiales con alto nivel de abandono, dispersos geográficamente y una alta densidad de recursos humanos con los conflictos subyacentes por la instauración de un modelo anárquico de organización”.

Además reconoció que “el porcentaje de la flota de dragas y embarcaciones estatales que está en condiciones de ser reparadas y puesta en condiciones de servicio oscila en un 30/35%; el resto está para rezago y desguace, teniendo un claro excedente de personal administrativo y de talleres”.

Frente a esta situación y el contexto económico actual, los funcionarios de Transporte plantearon que “la participación pública-privada es la alternativa más favorable para mejorar la eficiencia en la gestión y la calidad de servicio, delegando en el sector privado el dragado y balizamiento”.

Agregaron que “a través de dicha modalidad contractual, se lograría descargar el notable peso financiero y de riesgo en una nueva empresa conjunta, aliviando de esa manera los rigores presupuestarios de la administración pública”.

Con esta movida, la administración macrista busca sacarse de encima los trabajos de dragado y mantenimiento de las vías navegables y accesos portuarios que el Estado ya no puede realizar en forma directa.

En el nuevo esquema de asociación pública-privada, el Gobierno pondría las dragas que estén en condiciones, el personal y los talleres e instalaciones que Construcciones Portuarias tiene en distintos puertos del país. En tanto, el socio privado debería aportar nuevas embarcaciones, un plan de inversiones y su capacidad de gerenciamiento. La nueva empresa se quedaría con un contrato de prestación de servicios con el Estado por un plazo que oscilaría entre los 20 y 30 años.

Aunque no lo admita en forma expresa, uno de los objetivos que persigue el Gobierno con este proceso sería reducir el plantel de agentes estatales del sector y recortar el margen de acción del titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento y secretario general de la CGT, Juan Carlos Schmid.