La audiencia pública comenzó con unos minutos de retraso en el Teatro de la Ribera porque los asistentes seguían llegando. En una mesa al fondo del escenario, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, esperaba lapicera en mano que comenzaran las exposiciones para tomar nota en persona de los puntos señalados por los 107 expositores. Lo acompañaban el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, y el subsecretario de Coordinación Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron.

Javier Corcuera Quiroga, el mismo moderador de la audiencia pública del gas, le dio la palabra por 25 minutos a cada una de las empresas distribuidoras de electricidad para que expusieran sus pedidos de aumento tarifario que en ambos casos, coincidieron los expositores, redundará en un 31% promedio a diciembre de 2015 y un ajuste de tarifas a 2016 de otro 15%.

Tanto Juan Carlos Blanco, representante de Edesur, como Ricardo Torres, presidente de Edenor, resaltaron que sus empresas en el año 92 ganaron por el plazo de 95 años la concesión de la distribución eléctrica y que solo durante la primera década se les respetaron los contratos y lograron una tasa de rentabilidad cercana al 2,8% anual. Desde la sanción de la Emergencia Económica en 2002 y hasta 2015, se incumplieron los contratos, se congelaron las tarifas mientras avanzaban "exponencialmente los costos" y por ende se distorsionaron los precios favoreciendo el crecimiento de la demanda superior al 50%.

En 2006, se alcanzaron acuerdos de recomposición tarifaria, "pero no se respetaron" y desde entonces las empresas tuvieron asistencia económica del Estado "incluso para pagar sueldos" y un funcionamiento deficitario financiado con deuda.

Ministerio de Energía y Minería

Contrario a lo que los defensores del pueblo habían solicitado, las empresas no dieron detalles de lo que hicieron con los multimillonarios subsidios que recibieron de los gobiernos anteriores y prefirieron centrarse en los proyectos de inversión para los próximos cinco años.

Al respecto, Blanco precisó que Edesur planea un "ambicioso plan de inversiones, de $14.000 millones, tres veces el promedio que se invirtió en forma anual entre 2002 y 2015", que -prometió- permitirá reducir en 55% la duración de los cortes de luz a lo largo del período tarifario de cinco años. Así los cortes de luz que pasaron de promediar las 8 horas anuales en 2001 a las 32 horas año actuales, en 2021 no superarían las 14 horas anuales.

Las empresas no dieron detalles de lo que hicieron con los miles de millones que recibieron de subsidios y prefirieron centrarse en las promesas de inversión: Edesur prometió 14 mil millones y Edenor 25 mil millones.

Torres de Edenor prometió un programa de inversiones “de una magnitud nunca visto” por más de $25.000 millones para los próximos cinco años, con el fin de mejorar la calidad de servicio a los más de 2,8 millones de clientes de su distribuidora.

El uso de la palabra “clientes” despertó el repudio de los defensores del Pueblo presentes en la sala, que a su turno se encargaron de destacar que “lo que llaman clientes para nosotros son personas con derechos” y “usuarios de la electricidad, que es un derecho básico”. Héctor Polino de Consumidores Libres también les remarcó a los empresarios que no llamen clientes a los usuarios porque "no podemos ser clientes de una empresa que no hemos elegido."

Ambos empresas, que reúnen el 39% del consumo eléctrico del país, resaltaron que los costos de distribución representan actualmente el 40% de la factura que recibe un usuario: otro 35% lo constituye el costo de la energía eléctrica y el 25% son impuestos.

Respecto del costo de generación de la electricidad cabe recordar que fuentes oficiales señalaron que más del 50% está subsidiado. Por ende, para eliminar el subsidio los precios deberán duplicarse en los próximos años. En la audiencia pública del 23 de diciembre será el turno del Gobierno de proponer un esquema por el cual se corregirá esta parte de la factura de luz.

Así, siempre suponiendo que no se modifican los impuestos ni el costo de la electricidad, para un usuario residencial de Edenor con un consumo de 300 kWh/mensual (que corresponde a una familia tipo con una vivienda bien equipada), pasaría de pagar $241 a $317, con una variación de 31%. Si además se suma la actualización por costos, se agregaría un 15%, por lo que la factura final sería de $364 con tarifa plena e impuestos. O sea, un 50% más.

dynJavier Brusco

Y para un usuario de Edesur, los aumentos irán del 18% para los usuarios residenciales T1 al 53% para los usuarios T2, lo que representa un “incremento promedio proporcional de 30,7%" sin contar un 10% de ajuste adicional. Así un usuario promedio que hoy paga $176 sin impuestos, pasaría a pagar $206 según la propuesta inicial y $228 si el Gobierno convalida la actualización de costos de 2016. Con impuestos ascendería a $285.

Sin embargo, como resaltó con mucho tino la defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, ese consumo puede ser válido para un departamento en la Capital Federal, pero no para viviendas como las de su partido que, por carecer de gas de red y de agua potable de red, están obligadas a bombear agua de 80 metros del subsuelo y de ninguna manera, pueden limitar su consumo a los 300 kW mensuales.

En este sentido, resaltó el pedido de la defensora del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, quien pidió que se ampliara de los 150kw a los 500 kw por mes el “pack” de energía gratuita para los hogares vulnerables y que se respeten los criterios constitucionales de proporcionalidad, progresividad y razonabilidad de las tarifas. Por lo que sugirió que la evolución de las tarifas se adecue a la evolución de paritarias y jubilaciones.

El ENRE cosechó más críticas que las empresas

Los aplausos los cosechó el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, en momentos en los que Aranguren se había retirado del escenario y había dejado a Sruoga tomando nota en su silla. Amor resaltó que los subsidios “no deben ser dirigidos a las empresas sino a los usuarios” y tildó a la concesión del servicio eléctrico como al desempeño del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de “fracaso”.

El ENRE fue señalado por no hacer cumplir el pago de multas firmes, desamparar a los usuarios al punto tal de no responderles ni a ellos ni a los organismos oficiales como municipios y defensorías.

El ENRE fue señalado por no hacer cumplir el pago de multas, desamparar a los usuarios e ignorar a municipios y defensorías.

Luego de resaltar que “las empresas tienen derecho a invertir y tener ganancias, pero también tienen responsabilidad social y deben hacerse cargo de las multas”, Amor pidió que se cree una Comisión colegiada que integren el ENRE, las Defensorías del Pueblo y el Poder Legislativo que supervise que se hagan las inversiones que las empresas y que haya informes semestrales habida cuenta de la mala calidad del servicio que brindan.

Por último, pidió que el ENRE obligue a las empresas a “implementar un plan de contingencia para este verano” reforzando el servicio con cuadrillas y generadores y enfatizó que para llegar a la Pobreza Cero primero se tiene que atacar la “pobreza energética”, concepto acuñado por el británico John Hills para describir la situación de los hogares que destinan más del a mitad de su ingreso a cubrir los servicios básicos.

Por su parte, tanto la defensora de Vicente López, María Celeste Vouilloud, como el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidieron respuestas al ENRE. La primera en relación al sinnúmero de casos que presentó al ENRE de personas electrodependientes y de organizaciones de bien público que necesitan la tarifa social, pese a no caer en ninguno de los criterios de elegibilidad fijados. El segundo porque “nunca nos respondieron una sola nota” cuando los vecinos no saben a quién dirigirse “dado que la oficina comercial de Edesur está cerrada por refacciones hace tres meses”.