El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, presentó en el Congreso los lineamientos del proyecto de Presupuesto para el año próximo y confirmó lo adelantado por LPO: prevé un crecimiento económico del 3,5%, una inflación del 17% y un déficit fiscal del 4,2%, casi un punto por encima de la meta que había planteado.

Además, el funcionario anticipó que "antes de fin de mes" enviará tres proyectos complementarios: la modificación de las escalas del Impuesto a las Ganancias, la eliminación gradual de los superpoderes, y una ley de Responsabilidad fiscal "consensuada" con las provincias, que implicaría limitar el endeudamiento a los gobernadores.

Ante el plenario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Prat Gay precisó que el Producto Bruto Interno (PBI) llegará a casi 10 billones de pesos el año próximo, con una suba del 3,5 por ciento, una pauta de crecimiento que consideró "conservadora", aunque remarcó "que representa la tasa de crecimiento más alta de los últimos seis años" .

Prat Gay admitió que ese porcentaje “es más alto” que el 3,3 por ciento que había calculado el Gobierno originalmente. Al respecto, planteó que “ser más agresivos en la reducción del déficit fiscal mataría la incipiente recuperación” económica, lo cual “recaería en los que menos tienen”. A eso hay que sumarle que el año próximo es electoral y sería muy peligroso para la Rosada un freno drástico en el gasto.

El titular del Palacio de Hacienda indicó que el Presupuesto prevé que la inflación anual será del 17 por ciento -base sobre la que se hicieron las proyecciones-, aunque él consideró que se ubicará “en un rango del 12 al 17 por ciento”. Además, la cotización del dólar se estima en casi 18 pesos.

Sobre este punto, y tras destacar que el Gobierno está reduciendo mes a mes los niveles de inflación, el titular de la cartera económica expresó que redundará “en una mejora del poder de compra” especialmente de los jubilados, que recibirán de los aumentos por la movilidad jubilatoria, ingresos por la “reparación Histótrica”.    

De las variables presentadas en el Presupuesto, surge que la Argentina volverá en 2017 –y luego de varios años en que se buscó siempre mantener el superávit- a su balanza comercial con un rojo estimado en 1.846 millones de dólares. En cuanto a las exportaciones previstas se estiman ingresos por 64.278 millones de dólares contra 66.124 millones de dólares de importaciones, lo que arroja un déficit de la balanza comercial de 1.846 millones de dólares.

En relación al nivel de gasto, que tendrá una expansión del 22,4 por ciento, Prat-Gay señaló que las previsiones a la seguridad social aumentarán 35 por ciento, la promoción y asistencia social del 37 por ciento y los gastos de capital un 32 por ciento, dentro de los cuales “las partidas para el Plan Belgrano aumentarán un 41 por ciento”.  

"Estimamos la totalidad del gasto para evitar modificarlo a mitad de año a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU)", en referencia a las prácticas utilizadas por la gestión anterior.  

Acerca de la recaudación tributaria, se estima que crecerá un 26,8 por ciento hasta alcanzar los 2,5 billones de pesos en 2017. De ser así, y de cumplirse la meta de inflación, estará casi diez puntos por encima, después de un 2016 en el que ha perdido mes a mes.

Por otra parte, Prat Gay adelantó que “antes de fin de mes se enviará un proyecto para modificar en forma gradual las escalas del impuesto a las ganancias” y señaló que el Poder Ejecutivo está dialogando con las provincias para hacerlo en forma consensuada.

También mencionó una iniciativa para la “eliminación gradual de los superpoderes”, es decir “una modificación de la ley de administración financiera, para reducir gradualmente” las atribuciones que el jefe de Gabinete tiene para modificar partidas. En este punto, el Gobierno impondría un tope del 10% posible de modificar, pero la oposición pretende que sea la mitad

Además, se enviará un proyecto de ley de responsabilidad fiscal, que contemplará “una nueva fórmula”, que la Nación acordará con los gobernadores para “ir devolviendo el 15 por ciento de coparticipación federal a las provincias”, según lo establecido por el fallo de la Corte Suprema de Justicia.