En el Gobierno dan por terminado el cortocircuito con Washington luego de que la semana pasada diversas notas periodísticas, impulsadas por fuentes de la DEA, acusaran a Andrés Manuel López Obrador de supuesto nexos con el Cártel de Sinaloa.

Al finalizar un encuentro con funcionarios de Estados Unidos y Canadá, Rosa Icela Rodríguez manifestó que el encuentro trilateral "fue muy productivo".

"(Acordamos) compartir más información respecto de cuáles son las redes que están alrededor del tema de los traficantes de drogas y traficantes de armas. Otra es igualar o mejorar la regulación existente de los tres países y proponer nuevas normas, así como estar muy pendientes de las lecciones aprendidas de otros países", expresó.

LPO reveló que la semana pasada el embajador Ken Salazar se empeñó en transmitir al Gobierno de López Obrador que la DEA no reflejaba el ánimo de la Casa Blanca y que no había acusaciones contra el presidente mexicano.

Según esta tesis, desde la agencia anti drogas se habría aprovechado el contrapunto entre López Obrador y Joe Biden por la política fronteriza para instalar las acusaciones contra el tabasqueño. Esta letra la repitió ayer martes la asesora de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood-Randall, que habló con López Obrador y le dijo que Biden respaldaba a su par mexicano.

Según pudo conocer esta redacción, el operativo cicatriz igual no habría bastado para que desde Palacio Nacional le pidieran a Salazar que Biden eche a la titular de la DEA, Anne Milgram.

En el Gobierno mexicano reiteran una y otra vez las investigaciones que pesan en EU sobre Milgram y el supuesto uso de fondos indebidos de la DEA. Además creen que Milgram quiere desestabilizar políticamente al oficialismo a través de notas y acusaciones.

Señalan además que cuando Milgram estaba en la cuerda floja por las acusaciones en el Capitolio, el año pasado el Gobierno mexicano le posibilitó la extradición de Ovidio Guzmán lo cual ella presentó como un logro.

En un plano ideal, en Palacio quisieran que el reemplazo de Milgram sea Saritha Komatireddy, actual funcionaria de la DEA y ex fiscal en el caso contra el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna.

La realidad es que en este momento electoral en Estados Unidos a Biden le costaría hacer el movimiento que debería postergarse para un eventual segundo mandato.