La nominación de Clara Brugada para la candidatura del oficialismo en la capital abre un flanco de incertidumbre en la cúpula militar que tanto pesa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los generales no quieren que Omar GarcÃa Harfuch sea el secretario de Seguridad Pública de un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum porque temen que les dispute el control de la Guardia Nacional, una disputa que por estos dÃas se encuentra en la esfera de la Corte Suprema.
Sucede que, con la Guardia Nacional dentro de la estructura de la Sedena, la SecretarÃa de Seguridad solo está a cargo de Protección Civil y de los reclusorios. GarcÃa Harfuch nunca aceptarÃa ese cargo sin el control de la GN.
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El entorno de Luis Crescencio Sandoval teme que si GarcÃa Harfuch se encamina al gabinete, realizará un cabildeo en la Corte para que finalmente el máximo tribunal diga que la GN debe tener control civil y permanecer en la órbita de la SecretarÃa de Seguridad.
Para evitar esa colusión los militares quieren que GarcÃa Harfuch acepte ser senador por la CDMX. Como elemento de presión adicional aparece la cuestión del supuesto espionaje.
GarcÃa Harfuch fue mando de la PolicÃa Federal y posteriormente, en 2016, fue el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la ProcuradurÃa (hoy FiscalÃa) General de la República, que adquirió el sistema Pegasus. Por eso lo están citando como testigo. En la Sedena mencionan que Sandoval está detrás de este movimiento.
A solicitud de la FiscalÃa, un juez aprobó requerir al ex Secretario de Seguridad de la CDMX en el juicio de Juan Carlos GarcÃa Rivera, que iniciará el 4 de diciembre y contra quien la FGR pide una condena de 16 años de prisión por el delito de intervención de comunicaciones privadas.
La comparecencia de GarcÃa Harfuch como testigo se tiene programada para el próximo 18 de diciembre. En breve será notificado del citatorio.
El software Pegasus fue adquirido por la AIC, de la que GarcÃa Harfuch fue titular a partir de noviembre de 2016, cuando sustituyó en el cargo a Tomás Zerón, a quien el Gobierno israelà ya ofreció extraditar a México por acusaciones del caso Ayotzinapa.
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