Puntuales, en la cuenta oficial del Luis Fernando Salazar se encuentran los tweets que el ex presidente Felipe Calderón escribió para defenderse de las acusaciones por los vínculos con Humberto Moreira. 

Hoy, el senador panista coahuilense -junto a su compañero Roberto Gil Zuarth- presentó un punto de acuerdo en el que solicitan que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso del ex gobernador priista de Coahuila, para investigar los presuntos delitos cometidos por Moreira Valdés (fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita), mismo por los que ya fue investigado y exonerado por el órgano que persigue e investiga los delitos de orden federal.

Además de requerir que la PGR haga uso de su poder de atracción para iniciar "las investigaciones correspondientes que permitan deslindar y fincar responsabilidades penales a que haya lugar por lo probables delitos cometidos por servidores públicos", los legisladores de Acción Nacional exigieron al actual gobernador del estado, Rubén Moreira (hermano de Humberto), que solicite la renuncia del procurador estatal Homero Ramos Gloria por "conflicto de intereses", pues fue secretario de Gobierno durante la administración de Humberto.

La renuncia al cargo del procurador, en opinión de los senadores, facilitará las investigaciones sobre el ex mandatario, no sin antes "conocer las investigaciones iniciadas por la procuraduría estatal", detalla el texto.

En el mismo tenor, para el grupo parlamentario del PAN en el Senado es importante demandar al presidente Enrique Peña Nieto que nombre a "un fiscal especial, independiente, con autonomía y solvencia moral para investigar el caso". Todo esta a través de la propia PGR.

En el mismo documento, se especifica que la Procuraduría deberá deslindar y fincar responsabilidades penales en contra de los funcionarios de la fiscalía estatal quienes -a su vez-decidieron no ejercer acción penal contra Humberto Moreira.

Esto ocurre en medio de las discusiones finales sobre la designación del Fiscal General Anticorrupción en la Cámara Alta, donde el PAN se oponen a que el PRI nombre al titular de la fiscalía especializada sin antes reformar el artículo 122 constitucional, mientras la bancada tricolor se niega a asumir el costo político de una designación unilateral de este tipo.