Un día después de la firma de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar inició la batalla legal en su contra. Un despacho que representa a 700 trabajadores del sector público presentó un amparo este jueves.

La firma Trusan & Roma, Abogados anunció en sus redes sociales la presentación del primer amparo contra las reformas a las leyes de pensiones de 727 personas del sector privado como público "porque afecta la forma en como ellos decidieron manejar en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras", dijeron.

Además, anticipó que vendrán más recursos legales en contra por parte de trabajadores de dependencias como INEGI, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Guardia Nacional, el INE y otras, "para que sus ahorros no se vean afectados para irse a este fono del bienestar".

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El abogado que presentó la demanda también aseguró que la reforma es inconstitucional pues es retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica.

El día de ayer el presidente firmó la creación de este fondo, tras su aprobación en el Congreso. Explicó que fue un compromiso que hizo con trabajadores para poder mejorar la situación de las pensiones, que fue modificada con las leyes de 1997 al IMSS y del 2007 al ISSSTE.

Tras esta firma, se prevé que el gobierno cree las leyes secundarias y los mecanismos para lograr las transferencias de las fuentes de recursos que nutrirán al fondo, que por un lado, serán las utilidades de las obras emblemas de este gobierno como el Tren Maya o el AIFA, además del pre fondeo de Hacienda, que se calcula en 130 mil millones de pesos.

Sin embargo, el punto polémico es que también se instruyó la toma de los recursos de cuentas inactivas en las Afores por más de diez años, aunque el gobierno asegura que, en caso de haber algún reclamo, se garantiza su pago.

Además, tanto Afores como el Gobierno aseguran que se trata de montos mínimos, de entre 200 y 300 pesos por cuenta inactiva. En un cálculo de Citibanamex, estiman que hay alrededor de 4 mil millones de pesos en cuentas inactivas, un monto mínimo sobre el total de las cuentas que manejan, que ronda los 900 mil millones.

La iniciativa propone compensar hasta 16 mil 600 pesos, que es el salario mínimo medio. Las personas debajo de este nivel estarán compensadas en 100% de su salario.

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Sin embargo, han surgido afirmaciones de que esta pondría el riesgo a las Afores así como se ha cuestionado si es constitucional tomar estos recursos que son privados.

En anterior diálogo con LPO, el experto de la UNAM, Rodrigo Zacarías Garduño, explicó que si bien se puede ofrecer este argumento, también existe la defensa de que se trata de una política pública para un bien común.