El buffet Cleary Gottlieb sería elegido por el Gobierno  para manejar intereses del país en EU en la nueva era política que se inicia mañana viernes con la asunción de Donald Trump.  Se trata de uno de los despachos más importantes de Nueva york, con amplia experiencia en litigios corporativos y que en la pasado ha sido contratado por el gobierno mexicano.

Actualmente Cleary Gottlieb asesora al Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México que dirige la construcción de la nueva terminal aérea de la capital. Ese rol le ha dado al despacho un profundo conocimiento de las relaciones de poder entre el gobierno y las grandes fortunas mexicanas. El equipo de Luis Videgaray confirmarà la contratación en breve. La tarifa será sideral.

El buffet no estará dedicado a temas de cabildeo con los políticos sino que supervisará todas las cuestiones económicas y legales que surjan en la administración Trump. La idea es que, en caso de una situación complicada, el buffet demande a EU ante tribunales internacionales como podría ser el CIADI, en el Banco Mundial. Un dato a tener en cuenta si se considera que Trump está interesado en retirar al país de la OMC.

En México Cleary Gottlieb asesora a Femsa, Vitro, Bimbo y Grupo Cementos Chihuahua. Fue fundado en Nueva York en 1946 por Henry J. Friendly, un ex juez de la Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito de esa ciudad. Además de Friendly, los otros fundadores fueron George Ball, ex subsecretario de Estado y embajador en las Naciones Unidas, y Fowler Hamilton, ex director de la Agencia para el Desarrollo Internacional.

El estudio abrió en 1971 sus oficinas en Londres, lo que lo situó en una posición de liderazgo en Europa, acompañado del prestigio que adquirió por su vínculo con Jean Monnet, el padre de la Comunidad Económica Europea. Actualmente, Cleary está integrado por 1.200 abogados y figura en el puesto 8 de los cien estudios más prestigiosos de los Estados Unidos. 

El vínculo de Cleary con los gobiernos de Latinoamérica es de larguísima data. Cuando se estructuró el Plan Brady entre 1990 y 1995, el estudio se encargó de las negociaciones y asesoró a los países deudores como México, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador. Luego, continuó el asesoramiento a estos países, y también se sumó a Brasil y Bolivia.