Javier Corral cumplió su amenaza y congregó a miles de sus seguidores en la Plaza del Ángel de Chihuahua para exigir la liberación de los 700 millones de pesos que, en teoría, le debe Hacienda. Aprovechó, por supuesto, para pedir la extradición de César Duarte. "No lo harán porque los tiene amenazados con cantar", lanzó el gobernador.

La respuesta llegó rápido desde Los Pinos. Aunque esta vez José Antonio González Anaya prefirió resguardarse, sus subsecretarios encabezaron una conferencia de prensa, en donde explicaron que ya se cumplió con todo el envío de fondos como marca la ley, y catalogaron al mandatario panista como un "extorsionador".

"No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda por recursos, lo que se debe es de ceñirnos al marco de la ley", apuntó la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, en un conferencia de prensa.

El encargado en fijar la postura fue el Subsecretario de Egresos, Fernando Galindo: " Durante 2017, se transfirió al Estado de Chihuahua, en tiempo y forma, todos los recursos que por Ley le correspondían. Recibieron $43,056 millones por Participaciones y Aportaciones Federales. Esto implicó $2,000 millones adicionales respecto al Presupuesto aprobado en San Lázaro".

Según Galindo, los recursos que Corral dice que que no le fueron entregados en el mes de diciembre, son recursos extraordinarios solicitados a través de cuatro convenios, que siempre quedan sujetos a disponibilidad presupuestal.

Hacienda dice que uno de esos cuatros convenios se pagó, el segundo no se pudo abonar porque el Gobierno de Corral se confundió y entregó un número de cuenta bancaria erróneo. Y sí reconocen que el tercer y cuarto convenio no se pudo pagar por falta de recursos.

"Cabe señalar que la falta de disponibilidad presupuestaria afectó, de igual manera, a dos entidades federativas: Tlaxcala y Zacatecas. Es decir, el principio fue el mismo para todas las entidades federativas", dijo Galindo, demostrando que también hubo gobernador del PRI que fueron afectados, una forma elegante de mostrar que no había una motivación política detrás.

Pero la declaración más impactante fue el aviso de que este año no se entregarán recursos extraordinarios vía convenios, "hasta tanto no se resuelva primero la revisión judicial y/o la controversia constitucional que el gobierno del estado de Chihuahua ha dicho públicamente que llevará a cabo sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenios".