Tras dos días de discusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) finalmente avaló la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), al obtener cuatro votos a favor de proyecto presentado por la ministra Loretta.

Fueron los ministros Arturo Gutiérrez Ortiz-Mena, Yazmín Esquivel y el Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quienes apoyaron el voto positivo de Loretta Ortiz y este proyecto que es vital para la política eléctrica de la 4T, junto a la reforma eléctrica, cuya discusión se lleva en el Congreso.

Sin embargo, no alcanzó la mayoría de ocho votos para que pudiera tener un efecto vinculante y con ello se desestimaran los amparos interpuestos por el sector privado, así como por Cofece, por lo que especialistas coinciden en que proseguirá el camino de la batalla legal.

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"Yo te diría que se trató de un empate", explicó en diálogo con LPO el analista Gonzalo Monroy. Es muy probable que la industria privada eléctrica en México se va amparar, estamos en una especia de impasse.

Es decir, el especialista explica que esos puntos que recibieron amparos seguirán frenados en tanto que la Corte resuelva cada uno de estos recursos letales. "Ahortia no ha resuelto esos amparos. En este caso que la Ley es constitucional tiene que revisar cada uno de los amparos".

Los argumentos para estos recursos son diversos, algunos están relacionados con temas medioambientales, otros sobre temas de competencia, también están relacionados en torno al despacho eléctrica.

Se tratan justamente de los puntos más debatidos durante la sesión de este jueves en la Corte. Por ejemplo, la ministra Margarita Ríos Farjat, quien sorprendió al no dar su voto contundente a favor del proyecto de Loretta, se manifestó en contra del despacho que beneficiaría indebidamente a la CFE. En ese sentido, dio un voto "parcial" al proyecto.

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Otro ejemplo fueron los argumentos del ministro Jorge Mario pardo quien mostró su preocupación, entre otros puntos, sobre el tema de competencia en el mercado, pues consideró que, a pesar de los argumentos de esta Ley, el considera que sí "se reduce la capacidad de competir en el mercado en virtud de que genere dificultad de ofrecer la energía sin importar de forma alguna si la producción s más eficiente o menos contaminante".

La ministra Norma Lucía Piña, quien tampoco compartió el proyecto, mostró preocupaciones en materia medioambiental, al argumentar que la modificación del orden de despacho se le da prioridad a las centrales legadas que sean propiedad del Estado que también pueden utilizar combustibles fósiles, lo que no privilegia las energías limpias.