Con mayoría de las bancadas aliadas de la 4T, el Senado de la República aprobó la tarde de este miércoles una reforma a la Ley de Amparo, la cual imposibilita a jueces y magistrados a conceder suspensiones con efectos generales de la legislación, y "blinda" proyectos gubernamentales como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA).

Con un total de 66 votos a favor y 37 en contra, y tras más de cinco horas de debate, el Pleno de la Cámara Alta aprobó en lo general y en lo particular la reforma a los artículos 129 y 148 de dicha ley, pese a las protestas airadas de las bancadas de oposición.

La iniciativa ahora será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación. En caso de ser ratificada podrá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y estará vigente a partir del siguiente día.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero de Morena aclaró que en ningún caso este producto legislativo permitirá aplicar amparos de forma general. Añadió que este principio de presunción de constitucionalidad propone suprimir la facultad del órgano jurisdiccional esta figura cuando se aplique a afectaciones de interés social.

Al posicionarse a favor del dictamen, el senador Ricardo Monreal expuso que la reforma busca evitar la vulneración del principio de legalidad al que se deben sujetar los juzgadores al aplicar esta figura, pues existen en ocasiones se otorgan suspensiones de manera discrecional. Destacó que los límites introducidos en la Ley de Amparo suprimirán la aplicación a voluntad de los jueces y magistrados.

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Dentro de la discusión, el senador panista Damián Zepeda cuestionó la iniciativa, pues consideró que la reforma retiraría la protección de la ciudadanía ante autoridades al afectar la figura del amparo. Detalló que este recurso legal blinda los derechos colectivos, los cuales no se pueden retirar desde la reforma en la materia de 2011.

El legislador agregó que esta figura otorgó al juzgador la obligación de siempre interpretar a favor de las y los ciudadanos, mientras que liga a la autoridad a proceder en la ampliación de derechos ciudadanos. En ese sentido, consideró que no se puede retirar un derecho procesal a ninguna persona.

La senadora emecista Laura Ballesteros Mancilla destacó que el documento vulnera a las personas que más necesitan el derecho de amparo frente a obras ecocidas o toma decisiones abordadas desde el poder. Consideró que esta figura es la principal vía para defender los derechos humanos de todas las personas en este país, por lo que consideró la reforma como una regresión en el acceso a la justicia.