El Gobierno de Nuevo León recibió un revés luego de que jueces de distrito levantaron una suspensión que interpuso la Secretaría de Medio Ambiente en contra de la construcción "San Jemo 360", misma que se hace en el Cerro de las Águilas, una zona no urbanizable.

Actores cercanos al caso, compartieron que Andrea Alarcón Cortés, jueza del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, fue quien desechó el recurso del Ejecutivo, además de otra queja por parte de los vecinos. Por ello, los ciudadanos temen que reanuden las obras pasando las fechas decembrinas.

Meses antes, pese a la suspensión del Gobierno estatal y la negativa de los ciudadanos, desde el mismo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa la empresa Unión Mercantil obtuvo suspensiones a favor para continuar con las obras.

Fuentes al interior de Movimiento Ciudadano compartieron a esta redacción que sospechan de que existe una colindancia entre el despacho que lleva los asuntos legales de la empresa y algunos magistrados de dicho distrito, ya que buscan continuar con la construcción en el lugar.

Incluso, la empresa logró interponer amparos para que las diputadas que están en contra del proyecto: Iraís Reyes, Perla Villarreal e Itzel Castillo; no se pronuncien respecto al tema. 

Por su parte, el presidente del Congreso, Mauro Guerra Villarreal, respecto a la censura de legisladores comentó: "En el Artículo 74 Constitucional se advierte a las autoridades que los y las Diputadas son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo... condeno la censura que el Juzgado está realizando en contra de las Diputadas de este Poder Legislativo".

El equipo jurídico de las legisladoras ya mencionadas continúan trabajando en el caso mientras que aún algunos de los amparos no surten efecto. Consideran un punto favorable, ante cualquier autoridad jurídica, que busquen silenciarlas ya que esto sería una inconstitucionalidad.

La construcción tiene como objetivo la creación 85 lotes en esta zona no urbanizable, misma que cuenta con una inclinación de 45 grados. La negación de los vecinos ha causado que las autoridades, municipales y estatales, compliquen su realización.