El titular del Poder Judicial de Nuevo León Arturo Salinas tiene en el staff del Consejo de la Judicatura a un técnico que no es mal visto en el Palacio de Cantera y que por eso mismo desde el PAN podría ser impulsado hacia la Fiscalía General. En las últimas horas tuvieron lugar ciertas conversaciones en ese sentido.

El gobernador Samuel García ha ganado tiempo con un amparo que extiende los plazos para la designación del nuevo fiscal y espera que eso le facilite tiempo para generar una opción diferente a la de Adrián De la Garza. Por cierto: además del amparo dado a conocer ayer jueves desde la justicia federal, se perfilan otras resoluciones que se han tramitado en modo simultáneo para complicar las apelaciones de la oposición.

El gobernador además necesita diferir lo más posible el debate del fiscal respecto al tratamiento del Presupuesto 2023. No quiere que la Fiscalía se convierta en un condicionante para la planeación general de la administración.

Con este escenario que estira los tiempos y le quitar intensidad al conflicto con el PRI es que pudiera transitar la idea de Salinas. El limite, desde ya, es si Adrián De la Garza se registra para el proceso de selección. El ex alcalde es la propuesta de consenso de las fuerzas estructurales y la que presuntamente tenía el guiño inicial de García. 

Y todo indica que De la Garza se va a registrar y su perfil avanzaría sin mayores complicaciones. La resolución judicial además dice claramente que el proceso de inscripción de candidatos no se detiene. Más allá de los rótulos académicos y las postales solemnes, seis de los nueve integrantes del comité de selección responden al PRI y al PAN. Solo queda exentos de esos ámbitos los integrantes nominados por el Tec de Monterrey, la UANL y Cemex.

El gobernador entiende que eventualmente se podrá alcanzar un acuerdo con las fuerzas estructurales. En su cálculo la Fiscalía General no es el campo de batalla a considerar: el verdadero terreno de disputa es la Fiscalía Anticorrupción, donde anidan las múltiples carpetas de investigación que involucran a los principales animadores de la oposición y del pasado gobierno estatal. Por eso, a pesar de la crítica mediática, García nunca forzó la salida de Javier Garza y Garza.

El fiscal Anticorrupción es una posición de Raúl Gracia que, a diferencia de Zeferino Salgado, todavía sostiene una comunicación con el gobernador, enlace que desde Palacio de Cantera se busca preservar.

En el círculo rojo estatal hay exceso de especulaciones sobre por qué estalló el conflicto paralelo con PRI y PAN a nivel local y con Morena a nivel federal. Son cuestiones que tienen aristas inconfesables pero que están atravesadas por el cálculo de la percepción que obnubila a García: según sondeos reservados - que consume con predilección -, el nivel de imagen del gobernador se ubica en un 59% de aceptación, por encima de Andrés Manuel López Obrador a nivel estatal y a una distancia sideral de sus opositores, con los que negocia el día a día de su administración. 

Esa posición de fortaleza en el gran público es, en parte, el origen de la audacia de García para iniciar los conflictos más determinantes, los que entiende le dan un lugar inamovible  en esa mesa del arco opositor donde se definirá al candidato que enfrentará a Morena en el verano del 2024.