En el segundo día de mesas de trabajo para discutir el presupuesto, diputados de oposición se reunieron con los alcaldes integrantes del Pacto Nuevo León que solicitaron más recursos y mostraron su confianza en el aumento de sus participaciones.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el gobernador Samuel García vete la reforma constitucional aprobada con la que los alcaldes recibirán un aumento del 50% en sus participaciones municipales, el edil panista de San Nicolás, Daniel Carrillo, aseguró que, si el ejecutivo estatal lo hace, al menos 28 diputados de PRI, PAN y la ex morenista Jessica Martínez revertirán el proceso en el Congreso.

"Vetar la reforma sería muy controversial, porque el Ejecutivo ha sido promotor de un mejor trato para el Estado de Nuevo León, así que nosotros esperaríamos que, en la misma congruencia, hubiera un mejor trato para los municipios, sobre todo porque se fortalece a los municipios chiquitos", dijo Carrillo.

Sumado a este aumento de 5,000 millones, los alcaldes plantearon que una tercera parte de los 20,000 millones de pesos que el estado recibirá por excedentes en el 2023 para la Red Estatal de Autopistas, sea dada a los municipios para el mantenimiento de carreteras como se hace en municipios con cruces fronterizos, proyecto que fue respaldado por la bancada del PRI.

"Es el 5% lo que están solicitando los municipios de todo Nuevo León, no es nada en comparación al Presupuesto pasado porque va a subir más de 20,000 millones de pesos, es algo módico lo que están solicitando", dijo el coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño. "Cuenten con todo el apoyo del PRI, cuenten con todo el respaldo de la bancada de nuestro partido y seguiremos impulsando este presupuesto en beneficio de todos ustedes".

Los diputados fueron desairados por el gobierno estatal que se negó a asistir a la cita pactada para las 12:00 horas, además, en rueda de prensa, 23 de los 42 legisladores del Congreso de Nuevo León acusaron al secretario general Javier Navarro, quien ya consiguió un amparo para el juicio político que promovieron en su contra, de publicar en el Periódico Oficial solo los decretos que le convienen y acusando al Congreso de falsificar las firmas de la expresidenta del recinto, Ivonne Álvarez.

Tras aclarar que las signas si eran suyas, los diputados del PRI señalaron que el gobierno estatal compró una máquina para hacer firmas autógrafas a finales de septiembre, cuyo valor ronda los 335,000 pesos.

Mientras tanto, Samuel García sigue a pie de guerra con la oposición y aunque ya pidió apoyo al Consejo Nuevo León para pactar la paz luego de que legisladores promovieran una reforma para que él pida permiso al salir del estado, él asegura que las limitantes las están marcando los legisladores y él "no le pide permiso a nadie".