La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCHP) admitió a trámite la primera impugnación contra la Ley de Seguridad Interior que fue promulgada en diciembre pasado con la intención de dar certeza a las fuerzas armadas en su lucha contra la delincuencia organizada en el paÃs.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tiene en sus manos la controversia constitucional que interpuso el 5 de enero el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, luego de que reclamó los artÃculos 7, 11 y 16 del mencionado estatuto, porque supuestamente trasgreden la libertad de los ayuntamientos para decidir sobre la materia.
Es probable que también llegue a manos de Pardo Rebolledo la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará contra la ley, como advirtió el ombudsman Luis Raúl González Pérez.
La controversia constitucional del municipio poblano quedó registrada bajo el número de expediente 4/2018, después de que Ignacio Molina, secretario general del gobierno municipal de San Pedro Cholula llevó el caso a la Corte.
En sus alegatos, se detalla que las fuerzas armadas no pueden realizar labores de seguridad pública, y que es inconstitucional que el presidente de la República emita en cualquier momento una declaratoria para que el Ejército o la Marina intervenga en un municipio sin el consentimiento o mediación de la alcaldÃa.
Asimismo, subraya que la Constitución Federal otorga a los municipios plena libertad para decidir sobre temas de seguridad pública.
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