La definición de Ismael Burgueño como candidato a la alcaldía de Tijuana por parte de Morena ha generado controversia y especulaciones sobre la factibilidad del morenista como aspirante.

En específico, Burgueño enfrenta una situación legal que lo imposibilitaría de tomar el lugar de candidato a la presidencia pues así lo marcan las reformas constitucionales las cuales establecen que no podrá ser alcalde ni diputado, ni ocupar ningún cargo de elección popular quien haya sido sentenciado por ser deudor alimentario y ejercer violencia en contra de las mujeres.

Según los datos recabados, el actual dirigente de Morena en Baja California viene cargando con este problema de deudor alimentario para sus hijos desde el 2014 al ser demandado por su ex esposa ante un juzgado del ámbito familiar, donde fue vencido en juicio.

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Luego vino una sentencia definitiva en su contra en 2017, a la cual apeló Burgueño, pero fue ratificada en 2018 por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y actualmente la sentencia de la pensión alimenticia está firme y vigente.

Además de cuestiones legales, pues al continuar con la postulación se estaría violación a la Constitución General de la República, también hay tensiones y descontento dentro del partido Morena en Baja California con respecto a la nominación de Burgueño como candidato debido a la insólita que fue la decisión, reclamos que podrían debilitar su posición.

Asimismo, con el amparo que Montserrat Caballero dijo presentará ante la decisión del partido, acusándolos de descalificarla injustamente de la encuesta ya existe división dentro del partido que, ahondado a esta presunta denuncia, afecta la viabilidad de Burgueño Ruiz como candidato.