Cuentan que hace algunos meses hubo una reunión de un influyente exministro de Schiaretti con la mesa chica del senador Luis Juez. La preocupación, y uno de los temas centrales de la charla en un coqueto barrio de zona sur en la capital cordobesa, pasó por el nuevo rol que asumiría el juecismo por esos días de diciembre: el Tribunal de Cuentas provincial. Máximo organismo de control administrativo a la gestión de Martín Llaryora.

"De acá, para allá. Antes nada", cuentan, quienes conocen detalles de aquella amena conversación, fue la frase del septuagenario exfuncionario. Días antes también se había llevado adelante -otra vez con Juez de local- un encuentro entre el propio senador con una mujer del schiarettismo en el estudio de abogados que posee el líder del Frente Cívico en barrio Observatorio.

Los detalles, bastante similares.

Esos fantasmas comienzan a ver algunos funcionarios del entorno de Llaryora a raíz de los movimientos y las denuncias que volvió a protagonizar Juez en contra del heredero del cordobesismo. En días, Juez se olvidó rápidamente del corset de Juntos por el Cambio, aprovechó el descalabro del PRO, la falta de liderazgo de Rodrigo de Loredo en el radicalismo y avanzó en fuertes conversaciones con los libertarios.

Pero no con referentes; con los que tienen el joystick. Se sentó y almorzó en Olivos con el presidente Javier Milei, siguió su diálogo habitual con la vicepresidenta Victoria Villarruel y se movió como uno de los anfitriones de la canciller Diana Mondino en Córdoba. Con la cual compartió mesa en el almuerzo de la Bolsa de Comercio y bien cerca de Gabriel Bornoroni, el dueño del sello La Libertad Avanza en Córdoba por decisión de Karina Milei, Martín y Lule Menem.

Juez exprimió la semana corta en Córdoba con la presentación de una denuncia por transporte en contra de la gestión de Llaryora al frente del Municipio, apuntando a una supuesta triangulación por subsidios entre los correntinos de Ersa con la estatal Tamse con la firma del actual secretario de Transporte de la provincia, Marcelo Rodio. Un llaryorista que acompaña al actual gobernador desde hace años y que lo respaldó, incluso, en 2013 cuando el ahoramandatariomandatario decidió emprender una interna contra Schiaretti y De la Sota.

La denuncia, al estilo Juez, fue con toda la pompa: adelanto en LN+ con Luis Majul, ronda de medios, expectativa y presentación con tropa propia en la Justicia federal. En el perfil denunciante de su fuerza, casi el rasgo más distintivo en el ADN del Frente Cívico, para esto no hay socios. Al menos, no los que se conocían hasta diciembre. Se juega con equipo propio o con aliados nuevos. El radicalismo es pasado; el PRO, también.

La bomba la Justicia parece desactivarla rápido. O, al menos, hacer que se transforme en humo. Por ello, la frase del fiscal Enrique Senestrari acerca de que "la denuncia en sí no tiene mucha prueba" o la afirmación "hasta ahora es una mención de algo que el denunciante sostiene que es delito", encontró lo peor de Juez.

"El que tiene que investigar, porque para eso cobra fortunas, es él", dijo Juez y le tiró la pertenencia ideológica a Senestrari por ser miembro de Justicia Legítima. Previsible.  

De todas maneras, reconoció que irá por la Procuraduría General de la Nación y que ampliará la denuncia por el manejo y supuesto desvío de fondos por 1.500 millones de pesos entre diciembre del 2022 y diciembre del 2023. Está decidido, como reconocen quienes entienden detalles de la denuncia, a ir por la matriz económica y financiera del llaryorismo.

En El Panal le bajan los decibeles a la acusación. Dicen que se equivocó de fuero, porque debería haber ido a la Justicia provincial y sostienen que "Senestrari le está haciendo precio". "Todavía está pisada la causa por los efectivos del Ejército que llevó a un acto partidario por el 1° de Mayo y en campaña", dicen cerca de Llaryora.

No obstante, Juez avanza. Quiso meter una segunda estocada ese mismo miércoles y en el turno tarde desenfundó la daga en la Unicameral para ir por el ministro de Cooperativas, Martín Gill, quien enfrenta una causa con elevación a juicio por violencia de género. Decisión que tomó la fiscal Juliana Companys en Villa María, la misma que tramita la causa Cositorto.

Las aguas en la Legislatura cordobesa se dividieron entre los que querían juicio político o apartamiento de Gill como el ex Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda y los juecistas. Y los visiblemente incómodos como algunos radicales y el PRO.

En esto, Juez demostró una verticalidad que De Loredo no tiene. Un llamado del senador alcanzó para avisar a sus legisladores que debían ir por todo. El radical no logra ese efecto por no controlar la UCR, y porque varios son exintendentes y tienen favores pendientes con Gill por su pasado como Secretario de Obras Públicas en Nación.

El PRO también volvió a flaquear. Los amarillos siguen sin reconfigurar el GPS a nivel nacional y eso repercute en Córdoba, donde además el microclima tiene otros factores: las acusaciones en contra de Agost Carreño, el diálogo entre Bullrich con funcionarios provinciales que condiciona a Rodríguez Machado y lo diluido que están dirigentes como Soher El Sukaría o Pedro Dellarossa. Además de los que ya fueron cooptados por el PJ.

Dentro de ese revuelo, Juez crece en la oposición. Habla con todos, los condiciona, a los codazos le gana la pantalla nacional a De Loredo y sabe que, cuando es el turno del radical, las críticas de ambos lados de la nueva grieta, le llegarán al jefe de bloque en Diputados.

Igual, el blend entre juecistas y libertarios todavía no logra macerar. "La cepa anti casta por ahora, choca con la cepa juecista con él senador, el hermano legislador provincial y el hijo concejal", dijo un libertario. Aunque eso no quiere decir que no haya maridaje.