Pocas veces se lo ha visto tan molesto y contrariado a Alberto Núñez Feijóo, como esta martes por la mañana en una entrevista que ha concedido a Onda Cero. El lÃder del PP hizo público un enfado interno que, por lo general, suele quedar puertas adentro. Sigue sin digerir la mala comunicación que hizo su equipo de la propuesta de ilegalizar partidos que convoquen referéndums, propuesta incluida en la enmienda del PP a la ley de amnistÃa.
"Nuestra explicación la dimos por obvia, y hay cosas que no se pueden dar por obvias", ha señalado Feijóo, quien ha aclarado que se trata de una "propuesta de juristas" que el PP aceptarÃa incluir con sus respectivas enmiendas.
Sin nombrarlo, el lÃder gallego ha apuntado contra Miguel Tellado, flamante portavoz parlamentario, el encargado de dar los detalles de esta propuesta. A juicio, de Feijóo la presentación en rueda de prensa se hizo "sin hacer pedagogÃa".
El PP quiere disolver a los partidos independentistas como respuesta a la amnistÃa
"Asumo que una cuestión asà necesita una explicación más pormenorizada", ha insistido sobre lo que se transmitió y el espÃritu real de la propuesta.
En ese sentido, Feijóo ha reiterado que la propuesta de reforma del Código Penal es "una propuesta de juristas" que Génova está "a disposición de ver si se enmienda, si se modifican o se disminuyen las penas y hay una suspensión más que una disolución de los partidos polÃticos".
Su bronca radica en que la "mala comunicación" ha sido capitalizada por el PSOE. El temor de Feijóo es que Pedro Sánchez cambie el foco de la discusión cuando la ley de amnistÃa sea debatida y votada en el Congreso.
El PP rebaja su discurso ultra y aclara que no pide ilegalizar partidos como hace Vox
"Hemos pasado de un debate sobre la amnistÃa a un debate sobre la ilegalización de partidos", celebraban la semana pasada fuentes de Ferraz.
Las crÃticas a esta propuesta han sido unánimes. Sólo Vox se mostró a favor, aunque con crÃticas al PP por plantear una medida que Santiago Abascal viene pidiendo desde 2019. La mayorÃa de los juristas admitieron indicios de inconstitucionalidad.
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