El comercio de armas con Perú está abierto, sin ningún embargo o suspensión formal, pero fiscalizado de cerca ante las graves denuncias de represión policial y violación de los Derechos Humanos en el país andino, sumido en una profunda crisis política y social tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

Así se desprende del documento que la junta interministerial, ente que controla la exportación de sistemas militares, equipos policiales y armas de caza de fabricación española, remitió en las últimas horas al Congreso tras el pedido de información que hizo el grupo parlamentario ERC, en relación a la denuncia de Amnistía Internacional, adelantada por LPO.

Según este movimiento global, movimiento global España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Cifró en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los cuales cerca de 40 millones fueron de material antidisturbios. 

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"Hay un riesgo claro que estén siendo utilizados en la represión", advirtió semanas atrás su director, Esteban Beltrán, quien pidió la "suspensión inmediata" de próximos envíos de armamento.

Según el documento del Gobierno, dado a conocer por El País, "sigue atentamente el desarrollo de los acontecimientos" y cualquier solicitud de exportación de material policial se analiza "caso por caso" teniendo en cuenta que se considera un "destino sensible" en estos momentos.

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Europa Press

La última autorización de venta de armamento se concedió entre marzo de 2022 y abril de 2022, antes del estallido social en el país latinoamericano. Se trató de un cargamento de piezas "para el ensamblaje de artificios lacrimógenos", clasificadas como material "no letal", según la Secretaría de Estado de Comercio. Sin embargo, según explica el Ejecutivo, las empresas españolas desistieron de la exportación y las operaciones no llegaron a materializarse.

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En tanto que la última exportación de material policial se produjo en agosto de 2020. La exportación de equipos de Defensa -no utilizados por las fuerzas policiales peruanas- sí sigue activa. En el primer semestre del año pasado se vendió material militar por 503.773 euros. 

Hay un riesgo claro que estén siendo utilizados en la represión, advirtió semanas atrás su director, Esteban Beltrán, quien pidió la "suspensión inmediata" de próximos envíos de armamento

España le vendió a Perú repuestos y equipos de los dos aviones Hércules KC-130 de segunda mano y fabricación estadounidense que el Ejército del Aire español vendió a su homólogo peruano en 2021 por 24 millones de euros. 

En su denuncia, Amnistía Internacional aclaraba que el Gobierno estaba "legalmente obligado" a suspender el envío de armamento en este contexto represivo. "No es solo una cuestión de voluntad política, sino que es una obligación legal en virtud de la legislación española, europea (Posición Común de la UE sobre transferencias de armas) e internacional", explicaba Alberto Estévez, portavoz de la organización.

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La entidad citaba las tres reglamentaciones que debería acatar el Ejecutivo español: los Art. 8.1 a) y Art. 8.1 d) de la Ley 53/2007; los Art. 7 a.), c) y d) del Reglamento de la ley 53/2007; y el Art. 7 del Tratado sobre Comercio de Armas sobre la exportación y evaluación de exportaciones y medidas de mitigación de riesgo de uso contrario al derecho internacional.