La agenda política y mediática está, desde hace días, centrada en la decisión del Gobierno de acoplarse al envío de tanques de combate de los países aliados a Ucrania. La postura "belicista" del PSOE reactivó la disputa interna con Unidas Podemos, que advierte una "peligrosa escalada" de la guerra y exige abrir una urgente vía diplomática para terminar con el conflicto.

Los morados, por el momento, se mantienen en silencio ante otro envío de armamento que también está derramando mucha sangre: el suministro español de armas ligeras, material antidisturbios y municiones a Perú, país latinoamericano que, desde la detención de Pedro Castillo a finales del pasado año y la asunción de Dina Boluarte, vive una sucesión de movilizaciones sociales que están siendo reprimidas de forma feroz por las fuerzas se seguridad con un saldo de más de cuarenta muertos (entre ellos menores de edad) y cientos de heridos.

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Amnistía Internacional, movimiento global presente en más de 150 países que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos, sospecha que las armas españolas están sirviendo "para acallar al pueblo peruano de forma violenta e ilegal". 

Según los datos oficiales recabados por esta organización, a los que ha tenido acceso LPO, España es hoy el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. 

La entidad cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los cuales cerca de 40 millones fueron de material antidisturbios. 

No es solo una cuestión de voluntad política, sino que el Gobierno de España tiene la obligación legal de detener el envío de armas en virtud de la legislación española, europea (Posición Común de la UE sobre transferencias de armas) e internacional

Entre 2010 y 2019, Perú ocupó el puesto 36º de los 122 países clientes de la industria de armas española, con un valor de las exportaciones de material de defensa por valor de 103,8 millones de euros, un puesto similar al ocupado por Marruecos o Portugal.

"Hay un riesgo claro que estén siendo utilizados en la represión", advierte el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Este semana, la organización realizó un pedido formal por carta para que el gobierno de Pedro Sánchez suspenda, al menos de forma temporal, las exportaciones de armas a Perú. 

La misiva fue remitida a la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez -presidenta de la Junta Interministerial que regula la venta de armas-, con copia a los ministerios que conforman este organismo.

En el documento se le exige el Ejecutivo que, de acuerdo con el Tratado sobre Comercio de Armas que obliga a no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos, "revoque la autorizaciones de material letal y antidisturbios no ejecutadas, y se mantenga esta medida hasta que los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la policía peruanos sean procesados, y las fuerzas de seguridad reciban una formación que les permita usar este material según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza".

"Por el momento no hemos tenido ningún respuesta. El lunes nos aseguramos que todos los Ministerios, Presidencia, Comercio, Defensa, Exteriores, hayan recibido la carta", lamenta en diálogo con LPO Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional sobre comercio de armas. 

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AP

"Más allá de la política de exportar armas de los últimos gobiernos de España, del PP y del PSOE, no hay una razón concreta que explique esta relación comercial con Perú", explica. La luz verde de Moncloa, pese a la evidente represión estatal que está vulnerando los derechos humanos del otro lado del Atlántico, puede entenderse, a juicio de Estévez, por el "fuerte e histórico lobby" que tiene la industria armamentística en todas las esferas del poder político. 

"La respuesta que suele dar el Gobierno ante los pedidos de frenar exportaciones de armas cuando se están vulnerando derechos humanos es que se pueden poner en riesgo muchas fuentes de trabajo. En este caso estamos hablando de un país comprador que ocupa el puesto 36 de la lista. El argumento no cuaja. Entendemos que no hay razones para no suspender, al menos de forma temporal, el suministro de armas", subraya el portavoz. 

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Desde Amnistía Internacional aclaran que el Gobierno está "legalmente obligado" a suspender el envío de armamento en este contexto represivo. "No es solo una cuestión de voluntad política, sino que es una obligación legal en virtud de la legislación española, europea (Posición Común de la UE sobre transferencias de armas) e internacional". 

La entidad cita las tres reglamentaciones que debería acatar el Ejecutivo español: los Art. 8.1 a) y Art. 8.1 d) de la Ley 53/2007; los Art. 7 a.), c) y d) del Reglamento de la ley 53/2007; y el Art. 7 del Tratado sobre Comercio de Armas sobre la exportación y evaluación de exportaciones y medidas de mitigación de riesgo de uso contrario al derecho internacional.

Por lo pronto, solo ERC se hizo eco de esta grave denuncia. Los catalanes, a través de las diputadas Marta Rosique i Saltor y María Carvalho Dantas, presentaron preguntas parlamentaras para conocer la postura y las medidas que va a adoptar el Gobierno.

Este semana, Amnistía Internacional realizó un pedido formal por carta para que el gobierno de Pedro Sánchez suspenda, al menos de forma temporal, las exportaciones de armas a Perú

1) "La Junta Interministerial autoriza las exportaciones de armas españolas. ¿Cómo explica que, ante el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas y de otras fuentes (informes de diversas ONG, por ejemplo), que señalan la existencia de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y la policía peruanas, así como de abusos por parte de grupos irregulares o delictivos con vínculos con las agencias oficiales, el estado español exportará munición a las fuerzas armadas de ese país?".

2) "¿El Gobierno continuará exportando armas al Perú? En caso afirmativo, ¿en qué se basa para hacerlo? En caso negativo, ¿cuál es la justificación para ignorar a las organizaciones de derechos humanos que, como Amnistía Internacional, han solicitado la suspensión de la venta de armas al Perú?".

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Hasta el momento, Podemos, el socio de coalición del PSOE, mantiene un llamativo silencio sobre el tema. No solo por sus fuertes vínculos políticos con la región -este jueves, por ejemplo, el podcast de Pablo Iglesias abordó la represión en Perú-, también por sus históricos cuestionamientos a toda exportación de armamento. A fines de diciembre, sin más, la secretaria general Ione Belarra pidió explicaciones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por las exportaciones de armamento a Arabia Saudí. 

Solo Gerardo Pisarello, diputado de En Comú Podem, mencionó el tema de forma pública. "Hoy en el Congreso pedimos al Gobierno de Boluarte que cese la represión y persecución de líderes comunitarios. España debe suspender ya el suministro de material antidisturbios", tuiteó días atrás.

"No deja de ser contradictorio que se cuestione con vehemencia el envío de armas a un país agredido por una invasión militar y no se condene ni se pida detener la venta de armas a un país que a través de sus fuerzas de seguridad está ejerciendo violencia estatal y violando derechos humanos", sintetiza Estévez.