El anuncio del pacto polÃtico entre el PSOE y Sumar para la próxima legislatura cayó como una bomba al sector energético. Las grandes firmas del sector daban por hecho que el impuesto extraordinario que el Gobierno les aplicó para hacer frente a la emergencia social por la guerra en Ucrania terminarÃa en 2024.
Sin embargo, el Gobierno, de revalidar su legislatura, lo mantendrá en el nuevo ciclo polÃtico de forma "permanente" para recaudar en torno a 3.000 millones de euros anuales. La novedad ha derivado en una amenaza de la petrolera al Ejecutivo: paralizar inversiones y, por ende, reducir empleos.
"La posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañÃas energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del paÃs", asegura la petrolera en el comunicado.
Y agrega: "La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del paÃs podrÃa condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España", sentencia la empresa, que considera que el impuesto "favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España".
La advertencia es consecuencia directa de los resultados de la última planilla. Repsol ha cerrado los nueve primeros meses del 2023 con un beneficio neto de 2.785 millones de euros.
La cifra, elevada en la media de la última década, supone una caÃda del 13,6% respecto a igual periodo del año pasado, cuando el exponencial precio del crudo elevó los resultados a niveles récord.
Entre sus argumentos para lanzar esta advertencia, la multinacional española aclara que invirtió 4.362 millones de euros en lo que va del año, incremento del 82% en la comparación interanual, en proyectos energéticos, en su mayorÃa ligados a las renovables.
En una conferencia posterior con analistas, el consejero delegado de la compañÃa, Josu Jon Imaz, ha vuelto a calificar el gravamen de "ilegal, inconstitucional y discriminatorio". Y ha admitido sin rodeos que ya manejan "otras alternativas" como deslocalizar inversiones a Portugal.
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