La quita de subsidios que definió Sergio Massa como una de las medidas centrales de ajuste del gasto de este año enfrenta complejas trabas regulatorias que acaso impidan que se concrete antes de fin de mes como esperaba el Gobierno.

Para la efectiva y plena aplicación del esquema de segmentación para la actualización de las tarifas de gas, electricidad y agua queda por sortear más de un obstáculo, confirmaron a LPO fuentes oficiales.

Para empezar, las empresas todavía no recibieron la actualización del nuevo cuadro tarifario que debería regir a partir de septiembre. "La Secretaría de Energía dio a entender que iban a estar esta semana pero todavía no recibimos nada, seguimos a la espera", afirmaron a LPO desde una de las distribuidoras de energía eléctrica.

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A esto se suma que para fijar un nuevo precio para el consumo de gas y agua se requiere el llamado a audiencias públicas. La idea del gobierno es convocar a estas audiencias pero después de que los aumentos entren en vigencia porque de lo contrario resulta "imposible" implementarla a partir del mes que viene una cuestión que es urgente porque cuanto mas se demora, menos ahorro fiscal consigue el gobierno y mas lejos queda de las exigencias esgrimidas por el FMI.

"Las audiencias públicas son un ámbito de catarsis para las asociaciones de consumidores, pero no tienen incidencia ni son vinculantes. Los aumentos los pacta el gobierno con el sector privado", explicó a LPO un cuadro técnico de la Secretaria de Energía.

Sin embargo, en julio de 2020 la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del aumento de tarifas de gas aplicado en 2014 a partir de una denuncia que realizó la Unión de Usuarios y Consumidores contra Litoral Gas S.A., el Enargas y el Ministerio de Planificación.

Lo que no podrá aplicarse sin Audiencia Publica previa son las medidas correspondientes a los nuevos anuncios del 16 de agosto, concretamente el tope al consumo con quita de subsidios al excedente en el caso de gas natural y electricidad, como el nuevo plan de segmentación para el agua, porque ninguna de estas medidas formó parte del objeto de las audiencias de Mayo.

Paula Soldi, del CEPIS, explicó a LPO que "lo que no podrá aplicarse sin audiencia pública previa son las medidas correspondientes a los nuevos anuncios del 16 de agosto, concretamente el tope al consumo con quita de subsidios al excedente en el caso de gas natural y electricidad, como el nuevo plan de segmentación para el agua, porque ninguna de estas medidas formó parte del objeto de las audiencias de Mayo".

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Otra de las cuestiones que hacen tambalear los aumentos refiere al impacto en el salario ya que la relacion de los aumentos con el coeficiente de variación salarial que fue incluído por decreto vigente. Dice Soldi que "en primer lugar la mayoria de los usuarios y usuarias no esta en condiciones de afrontar la quita de subsidios por eso los niveles 2 y 3 no deben tener mas aumentos porque ya alcanzaron los porcentajes de coeficientes de variacion salarial que se establecieron para este año. Por eso, la quita de subsidios al excedente de consumo de 400kwh/550kwh segun el caso, y lo mismo para el gas, desnaturalizarian estos topes que se pautaron con referencia a esta fórmula que es la que está vigente legalmente".

Frente a la demora en la implementación de la quita de subsidios, Economía avanzó con otros recortes del gasto. Este martes, Economía anunció un recorte de 210.000 millones en obras públicas, educación y salud. Mientras que Cammesa dejó de pagar los compromisos correspondientes a mayo y junio y acumuló así una deuda de 1.500 millones de dólares.

Por otro carril, las distribuidoras eléctricas privadas y estatales y las cooperativas del interior también pagan de forma parcial y con atrasos a la mayorista Cammesa por la energía que reciben del sistema. Las planillas oficiales exhiben que las facturas por cobrar que tiene la mayorista estatal superan los 333.000 millones de pesos. Los números compilados hasta los primeros días de abril muestran que, entre las empresas que mas deuda acumulan son las dos más grandes del país: Edenor y Edesur.