Martín Llaryora inicia su gestión con una fuerte caída en la recaudación por el parate de la actividad económica y la suba del no imponible para Ganancias, lo que deriva en una fuerte presión fiscal sobre los contribuyentes, quienes tendrán actualizaciones mensuales de impuestos patrimoniales, y un aumento en los aportes personales de los empleados públicos, lo que implica un recorte real del salario.

Se conoció que en diciembre la caída real de los ingresos públicos provinciales fue de 17 por ciento, motorizada por el derrumbe de los giros nacionales (-20%) y las consecuencias del parate en el consumo local (-10%).

El tobogán comenzó en octubre, cuando la merma de ingresos fue de 5 puntos (hubo un incremento del 3% de los ingresos propios, pero una caída de 8% de los nacionales); se sostuvo en noviembre, cuando la recaudación local fue de -1% y los giros nacionales -12%; y se consolidó en el último mes del año, cuando la recaudación llegó a 225.281 millones de pesos, un 157% más en la comparación interanual, pero una caída de 17% en términos reales.

"Esta caída en la recaudación se da en un contexto de profundización de la crisis económica a nivel nacional. Por caso, los recursos de origen nacional registraron un incremento del 146% en términos nominales respecto al mismo mes del 2022. Descontada la inflación, implica una caída real del 20% interanual", indicó el Gobierno cordobés al informar la crítica situación de la recaudación.

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Llaryora dejó claro que la merma por los cambios en Ganancias es determinante. "La recaudación de Ganancias creció sólo un 85% interanual en términos nominales, presentando una caída real del orden del -40%. (...) Al elevarse el Mínimo No Imponible y modificaron la escala de alícuotas del impuesto, se redujo la recaudación nacional de la cuarta categoría en unos 188.000 millones aproximadamente", agregó el Gobierno de Córdoba.

Tiene que hacer equilibrio en el Congreso, porque sostener la restitución del impuesto como quiere La Libertad Avanza implicaría una crisis interna en el gremialismo peronista que ya está en pie de guerra por despidos de contratados y suba de los aportes personales de los empleados del Estado. Por eso, sus diputados nacionales piden que se coparticipe el impuesto al cheque, para amortiguar el recorte.

En ese marco, y como una señal de la caída del consumo, el Ministerio de Finanzas informó que Ingresos Brutos, que representa el 83% de la recaudación propia de la Provincia, "aumentó 201% interanual en términos nominales, lo que implica una caída del 3% en términos reales para igual período; mientras que Sellos, que tiene una participación del 8% en la recaudación propia, muestra una variación negativa del 30% en términos reales respecto de diciembre de 2022".

Los datos también sugieren que los vecinos comenzaron a financiarse con el no pago de impuestos patrimoniales, que cayeron un 46% en términos reales respecto de diciembre del 2022. "En el caso del Inmobiliario, el incremento nominal fue del 59% que implica una caída del 49% descontada la inflación. Por su parte, el Automotor presenta un incremento nominal del 86%, que implica una caída del orden del 40% en términos reales".

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El plan de LLayora no es novedoso: ya aplicó medidas similares en la Municipalidad de Córdoba en el inicio de la cuarentena que dispuso Alberto Fernández en marzo de 2020: impulsará una reforma laboral hacia el interior del Estado y aumentará la presión tributaria sobre los contribuyentes.

A los estatales les aumentaría los aportes personales destinados a financiar la Caja de Jubilaciones y la Apross, la obra social de los empleados públicos. La Legislatura le dio facultades para aumentar hasta 4 puntos los aportes salariales. Ese "recorte" es la antesala de la discusión salarial 2024 que comenzará en 20 días.

Además, creó dos fondos específicos para obtener 3.600 millones de pesos extra, vía la recaudación de los impuestos que gravan inmuebles y automotores, recursos que irán destinados a seguridad y discapacidad.

En lo simbólico, se cuidó de los gestos: impuso recortes salariales a funcionarios y dio de baja a unos cinco mil contratados, pero esto último agravó el frente sindical que está en pie de guerra, particularmente en el sensible sector de hospitales públicos.