Los pedidos de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema comenzarán a tratarse este jueves en la Cámara de Diputados y tendrá debates semanales que podrían continuar hasta el cierre de listas, previsto para junio, cuando también comienza la campaña presidencial. 

Esto es así porque a los 35 testimonios solicitados en la presentación, los diputados del Frente de Todos sumarán otros cuando el 9 se vote la admisibilidad de la acusación contra los jueces.

De esta manera, el desfile de invitados podría prolongarse por tiempo indefinido y demorarse la firma de los dictámenes sobre cada juez, que tienen 3 años de vigencia y en el recinto necesitan los dos tercios para aprobarse, un número imposible de alcanzar sin la ayuda de Juntos por el Cambio.

Pero no es una urgencia del FDT juntar esos votos en la brevedad. "Queremos saber cuántos opositores defienden a los jueces después de escuchar varios meses de testimonios en su contra", desafiaban los encargados de acumular pruebas. 

Este jueves la Comisión de juicio político, encabezada por la oficialista Carolina Gaillard, se reunirá para definir el cronograma de reuniones. Juntos por el Cambio no dará quórum, pero cuando los 16 votos del Frente de Todos lo garanticen asistirán para defender a los magistrados.

El jueves 9 se votará la admisión de la acusación a los jueces y el oficialismo pedirá sumar testimonios. Así el debate podría extenderse varios meses. Los dictamen sobre cada magistrado tiene 3 años de vigencia. JxC se reúne este miércoles para definir su estrategia. 

Los 14 diputados de JxC que integran la comisión definirán una estrategia este miércoles. Hay posiciones encontradas: algunos quieren que también se traten los pedidos de juicio político contra Alberto Fernández y otros prefieren no abrir el juego.

La otra definición es sobre si conviene pedir nulidades este jueves o esperar al siguiente, cuando expongan los autores de los 12 pedidos de juicio político. Una semana después se vota la admisibilidad y después empiezan los testimonios. 

Para el 2 estarán invitados los diputados de la Coalición Cívica que en 2021 presentaron un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, enemigo de Elisa Carrió.  

Pero el proyecto más amplio es el de los diputados del Frente de Todos, que fue encabezado por Eduardo Valdés, quién este martes se reunió con Cristina Kirchner en el Senado.

Enumera tres causales para llevar al banquillo a los supremos: mal desempeño en sus funciones, desmanejos en la obra social y supuestos vínculos entre el presidente de la Corte Horacio Rosatti y el ministro de Seguridad de la Ciudad Marcelo D'Alessandro, a partir de la filtración de chats.

En el primer caso se cuestiona la tarea de los jueces en el fallo que favoreció a la Ciudad sobre la coparticipación federal, en el que modificó la composición del Consejo de la Magistratura y cuestionó la elección de los legisladores; y en el que dispuso una salida anticipada de la cárcel al fallecido represor Luis Muiña, en 2017.

Para JxC no es posible cuestionar la conducta de los jueces por el contenido de un fallo judicial, mientras que en el oficialismo apuntarán al proceso de cada expediente para acusarlos por mal desempeño, una de las causales de juicio político.

Por caso, apuntan que los gobernadores no fueron escuchados en el debate por la coparticipación (firmado por los 4 jueces), aun cuando son los representantes de las provincias. Varios de esos mandatarios están en la lista invitados.

También serán citados organismos de derechos humanos y podrían agregarse víctimas de la represión para exponer sobre el caso Muiña, que firmaron Horacio Rosatti, Elena Higton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz. Fue anulado después de marchas multitudinarias y una ley correctiva del Congreso, que para algunos diputados que estudiaron el caso no debería haber Sido necesario.

Horacio Rosatti. 

Rosenkrantz es el más apuntado porque en 2018 insistió con beneficio a un represor en el caso "Rufino Batalla", sobre el que la oficialista Vanesa Siley tiene un pedido de juicio específico. Le recordarán que en su exposición en la comisión de Acuerdos del Senado en 2016 sostuvo que no se podía reducir la condena a los represores, porque así lo plantea la comisión interamericana de derechos humanos, de la que Argentina es parte.

Sobre el Consejo de la Magistratura se les recriminará a los jueces una supuesta incidencia en el Poder Legislativo al poner en vigencia una ley derogada y luego cuestionar la elección de los representantes del Congreso. "¡Que otra cosa va a hacer la Corte que no sea cuestionar la inconstitucionalidad de una ley!", se indignó en diálogo con DTV Pablo Tonelli, del PRO, una de las espadas de JxC en la Comisión de Juicio Político.

Respecto a la obra social, hay otra presentación de los diputados oficialistas Pablo Carro y María Rosa Martínez. Se cuestionan denuncias sobre desmanejos financieros, falta de nombramiento de los directores e incumplimiento en las coberturas. Ninguna causa avanzó, pero el proceso del juicio político se basará en acordadas de los últimos años que intentaron corregir algunas cuestiones y, lo más trascendente, testimonios de los damnificados.

Los vínculos de Rosatti con D'Alessandro son la parte más complicada, porque para JxC no pueden considerarse como prueba los chats surgidos de una filtración ilegal, sobre todo después de la resolución del Juez Federal Sebastián Ramos que archivó la denuncia del abogado Gastón Marano contra el presidente de la Corte y su director Silvio Robles, quien aparece en los diálogos con el ministro porteño, ahora de licencia.

El oficialismo planteará que es un fallo "provisorio", es decir, que ante nuevas pruebas el juez puede decidir su reapertura. Y recordarán que hay causas similares iniciadas en Santiago del Estero por el gobernador Zamora y en La Rioja promovidas por su colega Ricardo Quintela. Sin embargo, los jueces de ambas provincias ya declararon que eran incompetentes y debían remitirse a la Capital, donde Ramos la archivó.

D'Alessandro y Robles están entre los citados a declarar. También Damián Loretti, doctor en ciencias de la información, quien expondrá sobre la viabilidad de las escuchas como prueba periodística. "Además, la comisión no hace un proceso penal y por lo tanto no tiene porqué seguir la jurisprudencia", aclaran en el FdT.

Otro dilema que deberá resolver JxC en su reunión de este miércoles es sobre las facultades de la comisión, que según su reglamento podría obligar a los citados a concurrir. Algunos creen que hay que poner límites. Saben que el debate será largo.