Bruselas acorta los plazos de las renovables y elimina exigencias ambientales: "Se van a desproteger los ecosistemas"
La UE vuelve a enfrentarse al dilema de la sábana corta: en un extremo del paño la seguridad energética; en el otro, la lucha contra el cambio climático. Y vuelve a confirmar que las urgencias del primer shock (la escasez de energía) están, de momento, por encima de las urgencia de la segunda crisis (políticas ambientales).
Esa foto, al menos, es la que Bruselas retrata con su última decisión para acelerar el despliegue de las renovables, estancadas en algunos casos por trabajas administrativas y burocráticas, un escollo adelantado por LPO.
Esta semana, la Comisión Europea (CE) propuso un nuevo reglamento temporal de emergencia con un marco legislativo simplificado para agilizar los permisos para ciertos equipos y proyectos de energía solar y tecnologías como las bombas de calor.
El objetivo es claro: inundar al continente de energía verde y acelerar la desconexión con los combustibles fósiles rusos, meta principal de Ursula von der Leyen, presidenta de esta institución.
En España, solo el 14% de los nuevos proyectos que ya cuentan con el permiso de acceso a la red ha recibido todas las autorizaciones y está en condiciones de entrar a operar "en tiempo y forma". El resto, la gran mayoría, sufre un "tapón administrativo", según la estimación que semanas atrás, se hizo en el IX Foro Solar, organizado por la patronal fotovoltaica UNEF en Madrid.
Las multinacionales españolas (Iberdrola, Endesa y Repsol) plantearon sus quejas ante la Comisión Europea. "En España la obtención de los permisos renovables puede llegar a demorarse hasta 4 años para proyectos que apenas tardan 9 meses en construirse", despotrican las firmas en un escrito que remitieron a Von der Leyen.
El Gobierno reconoce el "atasco" y asegura, desde hace meses, que trabaja a destajo para dar una "respuesta que mantenga las garantías a los desarrolladores de proyectos". Pero defiende el proceso burocrático ante la necesidad de determinar cuáles proyectos son viables y cuáles son "especulativos".
Moncloa tiene abierto un PERTE de 6.900 millones para subvencionar a proyectos verdes. Son cada vez más las iniciativas privadas que buscan una tajada de estas ayudas públicas. Muchas, según fuente del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), están "flojas de papeles", de ahí la necesidad de la vigilancia administrativa.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Democrático, Teresa Ribera.
La cartera que conduce Teresa Ribera presentó a finales del 2020 un mapa de zonas de sensibilidad para identificar los potenciales condicionantes ambientales. Sin embargo, el Ejecutivo nunca desarrolló ningún mecanismo de obligatoriedad y vinculación a esta caracterización.
El Gobierno defiende que los procedimientos de evaluación ambiental son "muy estrictos". Algunos proyectos, sin embargo, se saltan esta fiscalización fraccionando las obras (inferiores a 50 MW), estrategia que les permite la tramitación de sus autorizaciones por la Administración General del Estado y hacerlo a través de los gobiernos autonómicos, más permisivos y sobre los que las empresas tienen mayor capacidad de influencia. En Extremadura y Andalucía hay varias denuncias por estas "chapuzas".
Con las nuevas directrices de Bruselas, que define a las renovables de "interés público superior" (por su impacto en la salud y seguridad pública), los emprendimientos ya no necesitarán de estas maniobras para conseguir las autorizaciones.
Esta condición de "interés público superior" permite que las nuevas directivas se apliquen directamente en toda la UE sin necesidad de transponerlo a la legislación nacional.
"Europa no está fuera de peligro": la advertencia de la AIE sobre la escasez de gas en 2023
La UE habilita, por ejemplo, saltarse la directiva que protege a las aves silvestres y su entorno. La Comisión también propone que los equipos de energía solar y de almacenamiento, así como las conexiones de red, se aprueben en un plazo máximo de un mes y exime a estas instalaciones de la obligación de efectuar determinadas evaluaciones ambientales.
El texto de la propuesta -que deberá ser sometida a aprobación entre los Estados miembros- especifica que "allí donde proyectos específicos hayan adoptado medidas mitigadoras apropiadas para evitar colisiones o impedir disrupciones, la muerte o perturbación de especies protegidas no será considerada deliberada".
"Hay innumerables proyectos renovables que están esperando a ser aprobados y otros que están atascados debido a los largos procedimientos de autorización. Con las extraordinarias circunstancias a las que se enfrentan nuestros ciudadanos e industrias, no podemos permitirnos el lujo de tener tiempo", justificó Von der Leyen.
La medida de Bruselas choca con las exigencias de todas las organizaciones ecologistas de Europa, que piden a los Gobiernos "compatibilizar la necesaria descarbonización de la economía con la protección de la biodiversidad, la justicia social y el equilibrio territorial".
Daniel López Marijuán, responsable del Área de Energía de Ecologistas en Acción, una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades de toda España, explica en diálogo con LPO que el ""interés público superior" del despliegue de renovables no justifica desproteger especies y espacios naturales", por lo que la iniciativa del CE es un "claro error".
Esta simplificación en los trámites -explica- puede "representar un descenso en el nivel de exigencia de los requisitos ambientales, una mayor laxitud en los compromisos y una desprotección de ecosistemas vulnerables".
España oficializa su salida de la Carta de la Energía y pide una "una retirada coordinada de la UE"
El Gobierno, por lo pronto, aún no ha hecho una valoración pública de la propuesta de la CE. El MITECO siempre ha bregado por "compatibilizar el despliegue renovable con la integración de las personas en el territorio, la biodiversidad y el paisaje y el cumplimiento de los estándares de transformación del sistema energético".
De imponerse este nuevo reglamento, será difícil corroborar la "solvencia ambiental y social" -latiguillo de Ribera- de la mayoría de las inversiones renovables.