El equilibrio fiscal de mediano y largo plazo es sin lugar a dudas, un componente fundamental para garantizar la estabilidad macroeconómica de un país en el largo plazo. En economías con severas restricciones fiscales, límites objetivos para la emisión monetaria y un acceso al crédito internacional virtualmente cerrado, el equilibrio fiscal se vuelve prioritario.

Sin embargo, la teoría económica y la experiencia histórica demuestran que la relevancia de alcanzar el superávit no reside únicamente en el "cero" de la planilla, sino en el cómo se logra, cuan sustentable es, quiénes soportan el costo del ajuste y cuál es la composición de los ingresos y gastos públicos que quedan tras la reforma.

Argentina desde 2024 avanzó hacia un mejor resultado fiscal, en línea con un mundo que había hecho un importante aumento del gasto en la pandemia. No obstante, la forma de lograrlo es discutible en términos de eficiencia y justicia.

Un equilibrio fiscal que bien medido, contando los intereses devengados de los bonos que capitalizan intereses, da un déficit primario de 0,8% del PBI como el propio FMI ha reconocido. Déficit que sería mayor si no aumentase la deuda flotante por el retraso en los pagos a contratistas y proveedores, poniendo en riesgo el funcionamiento mínimo del Estado, la cobertura de salud, la investigación científica y la infraestructura.

Claramente no sirve "cerrar las cuentas" si se deja deteriorar el patrimonio y se patean pagos para adelante.

Pero no todos los años debe haber equilibrio. En períodos recesivos es virtuoso utilizar herramientas anticíclicas para estimular la actividad, financiadas con los recursos acumulados en los momentos de elevado crecimiento. A falta de fondos de reserva, la lógica elemental de la equidad indica que el sostenimiento del Estado frente a una crisis y el mantenimiento de gastos esenciales para erradicar la indigencia y la pobreza extrema, mas allá del ciclo deben recaer, fuera de tener una tributación progresiva, transitoriamente en forma excepcional, sobre aquellos sectores con mayor capacidad contributiva.

Lamentablemente, el programa fiscal implementado por la administración de Javier Milei ha tomado el camino inverso, configurando un ajuste de calidad sumamente cuestionable que prioriza los intereses de los estratos más concentrados a expensas de la estructura social y productiva de la Nación.

La asimetría tributaria: Alivio al capital, desamparo al fisco

El núcleo de la política impositiva del actual Gobierno se ha caracterizado por un desmantelamiento progresivo de la estructura tributaria que pesaba sobre los sectores de mayores ingresos y las grandes corporaciones. La flexibilización o eliminación directa de gravámenes, como el Impuesto a los Bienes Personales, los derechos de exportación, las alícuotas internas a bienes suntuarios y el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) configura una transferencia de recursos alarmante. A esto se suma el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su versión ampliada, el Súper RIGI, marcos normativos que resignan facultades fiscales y regulatorias estratégicas por los próximos 30 años.

Un equilibrio fiscal que bien medido, contando los intereses devengados de los bonos que capitalizan intereses, da un déficit primario de 0,8% del PBI como el propio FMI ha reconocido. Déficit que sería mayor si no aumentase la deuda flotante por el retraso en los pagos a contratistas y proveedores, poniendo en riesgo el funcionamiento mínimo del Estado, la cobertura de salud, la investigación científica y la infraestructura.

Esta merma total de ingresos se estima en un preocupante 4,5% del PBI, con proyecciones que escalan al 4,7% para el año 2027. El desglose del costo fiscal de estas medidas evidencia las prioridades del oficialismo: la desmovilización del Impuesto PAIS representó el 43% de la caída de la recaudación (1,1% del PBI); la reducción de Bienes Personales costó un 0,78% del PBI; y el restablecimiento de los certificados de exclusión del IVA en Aduana restó otro 0,50%. Asimismo, la caída de los impuestos internos a los consumos suntuarios -que beneficia la adquisición de autos de alta gama, embarcaciones y aeronaves privadas- significó una pérdida de entre USD 300 millones y USD 400 millones, equivalentes al 0,22% del PBI anualizado, mientras que el RIGI (habrá que esperar como se reglamenta el SuperRigi para cuantificarlo) representa una pérdida de recursos de 1% del PBI.

Para amortiguar semejante agujero fiscal y sostener el superávit, el Estado optó por aumentar tributos regresivos que afectaron el bolsillo del ciudadano, compensando apenas un 1,5% del PBI. No es que no había plata. El Gobierno decidió "ex profeso" resignar recursos fiscales que podrían mejorar los ingresos y bienes y servicios públicos de la gente y mejorar la infraestructura.

Se consolida así un esquema fiscal que desfinancia al Estado nacional, asfixia a las provincias y municipios, y limita severamente la capacidad de financiamiento de las políticas públicas hacia el futuro.

El desmantelamiento del gasto y el deterioro del capital humano

La contracara de los beneficios fiscales para los sectores acomodados ha sido un recorte feroz sobre las partidas presupuestarias esenciales para el desarrollo federal y la equidad social. La inversión pública directa sufrió un desplome real de entre el 76% y el 80%. Un ejemplo paradigmático de esta lógica es el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). A pesar de los constantes aumentos en los surtidores que incrementaron su recaudación, el Ministerio de Economía aplicó una desafección de fondos de hecho: en lugar de girar los recursos que por ley corresponden a Vialidad Nacional para mantener las rutas a través del fideicomiso SISVIAL, el dinero fue retenido en el Tesoro para mejorar el saldo de caja comprometiendo la infraestructura vial del país, generando mayores costos de transporte y riesgos de accidentes.

Por su parte, el sistema educativo y científico nacional padeció un ajuste cercano al 48% real, erosionando las bases del crecimiento económico futuro. El área de salud pública no fue la excepción y experimentó una contracción real acumulada del 22% entre 2024 y 2026. Este recorte se tradujo en el fin de la gratuidad total para más de un tercio del vademécum de "Medicamentos Gratis" de PAMI, privando a los adultos mayores de moléculas y tratamientos críticos.

El sistema educativo y científico nacional padeció un ajuste cercano al 48% real, erosionando las bases del crecimiento económico futuro. 

Para complementar la "motosierra", el Gobierno recurrió al estiramiento discrecional de los plazos de pago, consolidando una abultada deuda flotante con clínicas, sanatorios y laboratorios. La consecuencia de esta parálisis en la cadena de pagos estatal ha sido el corte de prestaciones básicas, la suspensión de cirugías programadas y la proliferación de cobros de copagos en efectivo por parte de los profesionales de la salud, transfiriendo de forma directa el costo de la crisis a los afiliados y degradando su calidad de vida.

Copiar al mundo: La agenda global va en sentido contrario

Mientras la narrativa oficial local insiste en que el camino del desarrollo exige la desregulación absoluta y la exención impositiva a las élites, la tendencia internacional de los países desarrollados y de la región demuestra lo contrario. Fortalecer la progresividad fiscal para garantizar la cohesión social es hoy el verdadero estándar global.

En nuestra región, Brasil implementó un impuesto mínimo del 10% a los "ultrarricos" con rentas anuales superiores al millón de reales y eliminó los privilegios de los fondos offshore, utilizando esos recursos para eximir del impuesto a las ganancias a las clases trabajadoras de ingresos bajos.

Colombia, durante el gobierno anterior impulsó una reforma tributaria que llegó a tener media sanción en el Parlamento que estructuró un impuesto al patrimonio permanente con alícuotas progresivas de hasta el 5% para las grandes fortunas, restringiendo deducciones corporativas. Chile avanzó con un royalty minero progresivo sobre las multinacionales del cobre y fijó una tasa anual del 2% a los bienes de lujo.

Si miramos al hemisferio norte, economías como España y Noruega consolidaron impuestos solidarios a la riqueza para contener la evasión y financiar la red de contención social. Canadá gravó de forma temporal las ganancias extraordinarias bancarias y de seguros generadas durante la crisis, aplicando en paralelo aranceles federales a bienes suntuarios.

Esta agenda no es un sesgo ideológico aislado: bajo el impulso de varios países del G20, la propuesta del economista francés Gabriel Zucman para coordinar un impuesto global mínimo del 2% a los multimillonarios con patrimonio superior a Euros 100 millones, gana adeptos como una vía sostenible para financiar bienes públicos globales y mitigar la desigualdad extrema.

De hecho en el propio Estados Unidos en California se celebrará un referéndum respecto al "Billionare Tax Act", que propone gravar con un impuesto del 5% sobre el patrimonio de personas con más de US$ 1.000 millones.

A modo de conclusión

La política fiscal argentina actual adolece de un sesgo profundamente inequitativo. Al desfinanciar al Estado mediante exenciones a sectores privilegiados y compensar esa pérdida licuando los ingresos, la salud, la educación y la infraestructura de los sectores medios y vulnerables, se está comprometiendo la viabilidad misma de la Nación.

Donde hacía falta un cirujano con racionalidad, criterio profesional y algo de empatía para hacer una reingeniería de ingresos y gastos, solo hay licuadora y motosierra. El equilibrio fiscal es una meta macroeconómica deseable, pero carece de sustentabilidad temporal si se consigue destruyendo el tejido social y productivo.

Hay que poner los caballos delante del carro: El equilibrio fiscal sostenible es consecuencia de una política de desarrollo y no al revés como lo demuestra tanto la experiencia global como local.

Sin equidad distributiva, inversión estratégica y progresividad tributaria, no hay estabilidad económica posible; solo una preocupante profundización de la fractura social de la Nación.