La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ya no intenta ni guardar las formas. En medio de las gravísimas amenazas de muerte que está sufriendo el fiscal Guillermo Marijuán, luego que decidiera imputar al empresario kirchnerista Lázaro Báez, lejos de solidarizarse con su subordinado, brindó una conferencia de prensa para criticarlo.

Hoy mismo Marijuán recibió en su despacho una amenaza de muerte contra él y sus hijas. Horas después que trascendiera este hecho, Gils Carbó convocó a la prensa -se suponía que para solidarizarse con el fiscal-, pero muy pro el contrario desgranó una serie de críticas.

Monotemática, lo acusó de tener un "doble standard" por investigar a Lázaro Báez y -según su criterio- no hacer lo mismo con las denuncias de Lavado que pesan sobre el Grupo Clarín.

La jefa de los fiscales denunció que el funcionario tuvo un "ímpetu investigativo" para promover la denuncia contra el presunto testaferro de Néstor Kirchner, mientras "ese ímpetu estuvo ausente" en la causa que involucra al Grupo Clarín.

"Hay dos denuncias de lavado de activos que lleva un mismo fiscal federal. Se le ha impuesto un ímpetu investigativo a una de ellas y en la otra ese ímpetu ha estado ausente; en la (causa) olvidada por el fiscal hay intereses de grandes grupos económicos que habría provocado perjuicios al sistema previsional", dijo.

Y fue incluso más directa al señalar: "Las vueltas de la vida me llevan a enterarme que el fiscal es el que está a cargo de Unidad Fiscal de Investigaciones de los Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES)", en clara alusión a Marijuán.

Marijuán tiene desde hace cinco años la causa iniciada por los dichos del ex vicepresidente del Banco JP Morgan Hernán Arbizu, sobre el presunto lavado de activos por parte de 469 empresas, entre las que involucró al Grupo Clarín.

A esa denuncia se refirió Gils Carbó al señalar que antes de que Arbizu hablara en la Justicia federal, ella -como fiscal de la Cámara Comercial- había denunciado en 2008 a esas empresas, "cuando a nadie le interesaba el tema", en una obvia referencia a Néstor Kirchner y Alberto Fernández que por ese entonces se llevaban muy bien con el Grupo Clarín.

Tan evidente fue la dirección d elas críticas de la Procuradora que anunció su intención de elaborar un "código de ética" para los fiscales que aboder temas como saber si un fiscal acepta un viaje financiado por empresas pasibles de investigación.

En medio de la pelea judicial con Clarín por la ley de medios, el kirchnerismo denunció que camaristas del fuero Civil y Comercial habían sido invitados por una fundación vinculada a Clarín a un seminario en el exterior.

Las alusiones de Gils Carbó a Marijuán se concretaron en la sede de la Procuración, Avenida de Mayo al 700, en un acto formal supuestamente convocado para anunciar un programa de transparencia para el Ministerio Público Fiscal que incluya un código de ética para funcionarios.

Marijuán viene de sostener durísimos cruces con Gils Carbó a quien incluso imputó en una causa abierta por senadores radicales que cuestionan a la Procuradora haber nombrado a dedo fiscales -uno de ellos muy cercano a Carlos Zannini- en la causa que se abrió contra Lázaro Báez. Fiscales que hasta que Marijuán retomó la causa se negaron a incluir al empresario kirchnerista en la investigación.

En su dictámen contra Lázaro Báez, Marijuán incluyó durísimos conceptos contra Carlos Gonella y Omar Orsi -los fiscales nombrados de manera presuntamente irregular por Gils Carbó-.

La embestida de la Procuradora se produce luego que el juez Sebastián Casanello, vinculado a La Cámpora, desestimara la investigación contra Gils Carbó.

Fuentes judiciales señalaron a la agencia DyN que Marijuán tenía pensado apelar esta resolución ante la Cámara Federal, pero recibió un llamado telefónico en su Fiscalía diciendo: "Si apela le vamos a matar a la hija", lo que motivó una denuncia ante la propia Cámara que, por sorteo, recayó en Casanello, que también tiene en sus manos la causa por Báez.

El escándalo desatado tras el programa "Periodismo Para Todos" suma así una seguidilla de causas abiertas: la principal, que pedía investigar a la Procuradora, cerrada por Casanello; la que apunta al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella y la de asociación ilícita que investiga los dichos de la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, por supuestas valijas repletas de dinero -presuentamente entregado a Kirchner por Lázaro Báez y Cristóbal López- enviadas a Santa Cruz para depositar en una misteriosa "boveda" del ex presidente.

A estas denuncias se añadió la que promovió el fiscal Federico Delgado contra Gonella por su actuación en la causa de Báez.

Gonella es titular de la procuraduría antilavado -PROCELAC-, sospechado de ser designado por Gils Carbó sin autorización del Legislativo y del Ejecutivo; también es quien, en ausencia de Marijuán, en la causa contra Báez firmó un dictamen donde pidió investigar solo a los financistas Federico Elaskar y Leo Fariña y evitó incluir a Lázar Báez.

Marijuán agregó al dictamen como imputados a Báez, a su hijo Martín, al contador Daniel Pérez Gadin y al asesor Fabián Rossi, para "adecuar la causa a la realidad" y saber si sacaron valijas repletas de euros al exterior.

Si bien se esperaba que contestara preguntas, Gils Carbó se retiró del acto sin hacer declaraciones y fueron sus voceros quienes comentaron que la Procuración había pedido investigar las amenazas a Marijuán y que le ofrecieron custodia que el fiscal no habría aceptado.