Se trata de las megaobra de las usinas hidroeléctricas “Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic” que están valuadas en $ 24.318 millones y por las cuales compiten cuatro consorcios integrados por empresas de China, Rusia, Brasil y Argentina, según señala el diario Clarín.

Esta semana debía conocerse la precalificación de los consorcios en pugna. Pero como en uno de los grupos la cabeza visible es Lázaro Báez, el gobierno nacional decidió postergar esa instancia hasta mediados de mayo.

Con esta medida–comunicada a los oferentes de manera extraoficial–, los funcionarios intentan descomprimir la situación planteada por la denuncia de corrupción y fuga de divisas que involucra al empresario santacruceño que tiene una estrecha relación con la administración kirchnerista y cuyos negocios crecieron exponencialmente desde 2003 a la fecha.

Con su empresa insignia Austral Construcciones –que concentra la mayor parte de las obras públicas de Santa Cruz–, Báez integra el consorcio oferente que lidera, con una participación del 60%, la empresa china Sinohydro. Al igual que Iecsa (la compañía de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri), Baéz tiene un 15% de la sociedad, la cual se completa con otras dos constructoras K: Esuco (5%) y Chediak (5%).

Además, Lázaro Báez adquirió en los últimos años más de 150.000 héctareas sobre las costas del río Santa Cruz que ahora deben serexpropiadas por la Nación para la construcción de las represas.

Para los restantes grupos que buscan quedarse con la obra, la demora en la precalificación de los oferentes constituye una clara señal de que el Gobierno quiere despegar el proceso licitatorio de la polémica y las denuncias que afloraron a partir del domingo.

Por sus contactos y el tratamiento recibido durante la licitación, varios analistas y empresarios del sector energético daban como futuro ganador de la obra al grupo de Báez y Sinohydro. Pero ahora, no descartan que esa “ventaja” inicial pueda quedar eclipsada por el escándalo y que crezcan las chances de los otros interesados.

Según las reglas de juego, los oferentes tienen que aportar un financiamiento que cubra como mínimo el 51% del valor total de la obra. Otro requisito clave es que en la integración de los grupos tiene que haber una participación local no inferior del 30%.

Tal como ha sido diseñada la licitación–-la tercera que encara el Gobierno desde 2006 hasta ahora–-la mayor parte de los equipos y los estudios de ingeniería serán provistos por empresas extranjeras que son las únicas en condiciones de aportar financiamiento.
La construcción de las represas–que el Gobierno quiere adjudicar antes de las elecciones de octubre–promete generar unos 5.000 puestos de trabajo y aportar, cuando estén terminadas, una capacidad de generación de 1.740 MW, equivalente a casi el 8% del consumo eléctrico nacional.