La Secretaría de Obras Públicas que conduce José López se apresta validar la propuesta de Electroingeniería, pese a las críticas de los otros oferentes que señalaron la irregularidad de la presentación que incluyó una “segunda oferta” prohibida por el pliego.

En la decisión habría sido decisiva la opinión del poderoso secretario Legal y Técnico, Carloz Zannini, íntimo del grupo cordobés que conduce su amigo Gerardo Ferreyra, uno de los empresarios que creció en la década kirchnerista.

La jugada aprovechó el momento de debilidad que vive Lázaro Báez, otro de los oferentes, golpeado por el caso de lavado que denunció Jorge Lanata.

La construcción de las centrales hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic” es la mayor obra pública de los dos mandatos de Cristina Kirchner y arranca con un presupuesto estimado de 20 mil millones, pero en el mercado estiman que terminará superando largamente ese monto.

Si bien el consorcio de empresas respresentado por Lázaro Báez presentó la oferta económica más favorable, Gerardo Ferreyra incluyó en su presentación una segunda propuesta como “carta de descuento de la oferta”, que viola las condiciones del proceso licitatorio.

Los jugadores

Lázaro Báez se presentó asociado a la china Sinohydro Group que construyó la represa Tres Gargantas en China, considerada la obra más grande del mundo en este tipo de Centrales; mientras que Gerardo Ferreyra se asoció con Gezhuoba, otro grupo chino.

Las ofertas se completan con la presentada por el grupo liderado por Pescarmona junto a la brasileña Odebrecht y una última que encabezan las rusas rusas lnter Rao y Power Machine junto con Isolux.

La primera oferta quedó para la UTE de Lázaro Báez cuya propuesta fue de $20.479.989.247, seguida por la UTE de Isolux con $21.817.913.609,55, mientras que Electroingeniería ofertó $22.948.356.204,92 y la de Pescarmona con $23.992.945.200.

La controversia se disparó porque además de su oferta Electroingeniería incluyó una carta de descuento – como una segunda oferta – a un precio de $18.947.00.000, lo que significa un descuento de 17,44% que la convertiría en el precio más bajo. Para los expertos esta oferta pone el valor de la obra casi por debajo de los costos de la misma, además de señalar que vulnera el pliego que sólo permitía la presentación de propuestas “alternativas” para ser abiertas en caso de que el grupo gane la licitación y no antes.

“Esta maniobra significa que Gerardo Ferreyra presentó dos ofertas porque dentro del sobre 2 había “dos sobres” con dos ofertas”, sostuvo a LPO uno de los interesados en el proceso.

Pero el resto de los competidores también impugnarían a Electroingeniería porque su propuesta plantea un condicionamiento del flujo de fondos ya que es la única oferta que sostiene que deberían hacerse pagos en el exterior con algún tipo de fideicomiso en dólares con un tipo de cambio a $ 6.01. Además, denuncian que todavía no presentaron los avales para el financiamiento.

“El pliego esta íntegramente sostenido con el flujo de fondos en pesos por lo que es raro este renglón sumado por Electroingeniería en moneda extranjera y en el exterior – que esta fuera de regla – fuera aceptado por la comisión”, agregó la fuente consultada.

Una vez que escaló el escándalo, el propio Ferreyra salió ayer a defender públicamente su oferta: “No hubo ninguna segunda oferta, la denominada carta de descuento es algo habitual en la actividad de la construcción, siempre se hace, es un tema de usos y costumbre en la actividad", afirmó a la prensa.

Un dictamen express

Fuentes de dos de las empresas competidoras afirmaron a LPO que la etapa de estudio de las ofertas, no sigue los procesos habituales. “Se aceleraron los tiempos para minimizar cualquier plazo para presentar impugnaciones y además impusieron un tiempo tan mínimo que resulta complicado estudiar los voluminosos expedientes de las propuestas para avanzar con una impugnación”, agregó a LPO una de las fuentes.

En momentos que ya se encuentra trabajando la comisión evaluadora del Ministerio de Planificación, los rumores que salen de la cartera son que aceptarían rápidamente y aprovechando la coyuntura político-mediática para sacar el dictamen a favor de Electroingeniería.

La decisión final sobre quién accederá a construir las represas está a cargo de la unidad evaluadora integrada por diez representantes de la Nación y Santa Cruz. Estos tendrán que evaluar la “propuesta más conveniente” ponderando el valor total de las obras, el porcentaje de financiamiento, las tasas de interés, el plazo de repago, la mano de obra local y la inclusión de proveedores nacionales.

Así el dilema que ahora tiene que enfrentar Cristina es definir si le otorga la obra a Lázaro Báez, a días de iniciarse la campaña electoral y cuando su caso está en el tope de los o ceder ante una propuesta desprolija y fuera de forma de otro grupo “amigo”.