La orden de Paco Pérez fue, el mismo lunes cuando la minera Vale anunció la suspensión de los trabajos en Malargüe, analizar cómo quitarle la concesión de los terrenos del Estado provincial otorgados para la fallida explotación de sales de potasio.

El gobernador de Mendoza, abogado y ex socio de un estudio jurídico que le daba servicios a empresas mineras, supo en ese mismo momento que la pelea legal con la firma brasileña será larga y desgastante, con planteos, quejas, recursos y un ejército de abogados intentando que la concesión no se caiga, al menos, durante un par de años.

Concretamente el proceso de expropiación requiere pasar por tres instancias administrativas (Secretaría de Minería, Ministro y Gobernador) y cuatro judiciales hasta llegar a la Corte Suprema, según lo dispone la ley minera.

Vale sabe esto y además en la nota que recién hoy presentó a la provincia de Mendoza comunicándole de manera oficial que había decidido suspender el proyecto, le explicitó ante la intimación del gobierno provincial para que defina que iba a hacer y en base al artículo 21 de la ley de Declaración de Impacto Ambiental, anunciaba que en 30 días iniciaba un proceso de "suspensión" del proyecto -por causas que no detallo- que en rigor no tiene plazos legales.

¿A qué juega Vale? la respuesta es sencilla, como la mayoría de los empresarios que operan en el país está esperando ver como evoluciona la maltrecha economía argentina, cual es el desenlace de las inconsistencias que se están acumulando (inflación, tipo de cambio, restricciones varias) y que impiden planificar de manera sensata la evolución de un proyecto de u$s 6000 millones. Sumado a esto un contexto internacional que no es tan floreciente para su actividad.

Pero lo último que quiere Vale es abandonar el yacimiento por una sencilla razón: Sabe que hay una posibilidad de retomar el proyecto y con un marco macroeconómico más normalizado, Potasio Río Colorado es un gran negocio.

Fuentes cercanas al gobernador Pérez explicaron que la estrategia, por el momento, no está clara. “Recién hemos comenzado a estudiar el caso, que se presenta muy complejo”, explicó un especialista consultado, que no es del riñón de Pérez, pero que fue convocado especialmente por el gobernador para que trabajara en el tema.

La misma fuente, un conocedor de los vericuetos legales del Estado, explicó que la situación de Vale hoy no se encuadra en las previstas en el Código Minero nacional para que una concesión se revierta. “Primero hay que tener en cuenta que esta no es una licitación convencional, no hay oferentes ni competencia, sino que el Estado entrega a un interesado con respaldo financiero y técnico cierto lugar para que lo explote”, indicó la fuente, para inmediatamente aclarar que un concesión no se puede sacar así porque sí y que es claro que la minera peleará en los tribunales (provinciales, por jurisdicción), por no quedarse sin la concesión.

Qué dice la ley

El Código Minero nacional establece dos situaciones muy puntuales por las que se puede revertir una concesión. Por un lado, la renuncia voluntaria y explícita del operador de una concesión, que puede darse por razones diversas. No es el caso de Vale, que en el comunicado oficial del lunes cuando anunció que abandonaba los trabajos afirmaba: “Vale S.A. (Vale) informa que le comunicó hoy (por el lunes 11) al Gobierno de la República Argentina que está suspendiendo la construcción del proyecto Potasio Río Colorado”.

La otra situación en que se habilita al Estado (en este caso provincial, por ser terrenos mendocinos), es la inacción por parte de la operadora durante 4 años. “Está claro que la decisión política tanto de la Provincia como de la Nación no es esperar 4 años para revertir la concesión”, detalló la fuente. La referencia tiene que ver con las declaraciones públicas del gobernador Peréz y del ministro Julio de Vido en la Casa Rosada el miércoles en la mañana respecto a que el proyecto seguirá, “con o sin Vale”, Según Pérez, así se lo manifestó Cristina Kirchner en una de las tantas conversaciones que han mantenido en los últimos días por la decisión de Vale.

Como no se cumple ni el abandono voluntario ni se está dispuesto a esperar el plazo para que Mendoza y eventualmente la Nación recuperen el yacimiento, es que Pérez ha ordenado buscar la manera de hacer efectiva la caída de la concesión.

Las posibilidades que se analizan tienen que ver con el incumplimiento que, según Pérez, ha incurrido Vale respecto a lo acordado con el Gobierno provincial, en este caso la autoridad de aplicación.

“La decisión de Vale claramente se inscribe en una política global de retirarse en diversos proyecto alrededor del mundo. Entendiendo esto podemos plantear que Vale tenía la decisión de dejar Potasio Río Colorado pese a que el Gobierno nacional y provincial le dieron muchas posibilidades para bajar sus costos, pero a todo le decían que no”, explicó el especialista, quien agregó que tiene a dos brillantes abogados recopilando los antecedentes y preparando los argumentos del Estado para defenderse de una “segura” embestida judicial de Vale.

Pese a que el Gobierno de Mendoza está convencido de que era inevitable el retiro de Vale y que el camino es quitarle la concesión, reconocen que “estamos preparándonos para una larga batalla judicial, pero la prioridad es obtener lo antes posible el control del yacimiento y para eso tenemos que, primero que nada, quitarles la concesión, con los argumentos más sólidos posible, pero no va a ser fácil, eso lo tenemos claro”.

Posibles defensas de Vale

Entre las cuestiones que puede llegar a argumentar Vale de por qué “suspendió” los trabajos, estará, seguramente, la cuestión local. “Sabemos que hubo algunos problemas por ejemplo con el trazado del ferrocarril, con el puerto en Bahía Blanca, pero de ninguna manera estas cuestiones justifican que la suspensión de los trabajos”, detalló la fuente, en coincidencia con el discurso de Pérez en la Casa Rosada el miércoles.

En esa línea, se apunta a que las estimaciones de Vale, que primero previó una inversión de 5.800 millones de dólares para un año y medio después recalcularla en 10.900 millones de dólares, estuvieron siempre equivocadas, “o peor, fueron infladas para justificar la suspensión de los trabajos”.

Las palabras del ministro De Vido el miércoles, cuando acusó a la minera de haber “violentado la concesión, la seguridad jurídica y las leyes argentinas”, van en coincidencia con la defensa jurídica que prepara Pérez para cuando decida concretar el quite de la concesión.

Hay otro aspecto del conflicto que el gobernador mendocino quiere hacer jugar a su favor. Hasta la paralización de las obras, Vale llevaba invertidos casi 2.000 millones de dólares en el lejano paraje del sur mendocino. Incluso los edificios de servicios y la pista (exclusiva) de aterrizaje están terminados. La línea del ferrocarril desde la mina hasta Bahía Blanca también presenta un avance importante y la línea de media tensión que estaban levantando las empresas Cartellone y Disrocuyo está al 40%.

Por esto, la quita de concesión debe ser rápida, para evitar que las empresas contratistas comiencen a desmantelar lo instalado y el ofrecimiento a otros inversores incluya lo que ya está hecho. “La idea es presentar como ventaja a eventuales futuros inversores la infraestructura existente, que es mucha y de muy buena calidad, pero para avanzar en eso tenemos que sí o sí resolver el tema de la concesión”, indicó otro de los especialistas convocados por Paco para la gran batalla que se avecina con Vale.