El gobierno dio un paso más en su pelea con la minera Vale. Luego de que la empresa anunciara el lunes que suspendía el megaproyecto para la explotación de Potasio en Mendoza y comenzara con los despidos, hoy el ministro de Trabajo anunció que dictó la conciliación obligatoria que “retrotrae cualquier medida” tomada por la empresa contra sus trabajadores, por lo que deberá reincorporar a los empleados que eventualmente hayan sido echados.

“No se podrá producir ningún despido”, informó hoy el funcionario en conferencia de prensa, y aclaró que la conciliación “abarca a empresas contratistas y subcontratistas” por 15 días hábiles, con la posibilidad de extenderlo 5 días más. Con lo cual el gobierno contará con un mes para de negociar con la compañía brasileña que repentinamente abandonó sin explicación una inversión de 6 mil millones de dólares.

La decisión fue tomada después del faltazo que pegó el CEO de Vale Argentina a la reunión con funcionarios y gobernadores, que había solicitado 48 horas antes. En su lugar, fue el abogado externo de la empresa, que se leyó como un gesto de total descortesía, porque ni siquiera se trataba del abogado de la entidad.

El tema tiene sumamente preocupado al gobernador de Mendoza Paco Pérez, quien acompañó a Tomada en el momento del anuncio. También estuvieron presentes el ministro de Planificación Federal Julio de Vido y el viceministro de economía Axel Kicillof, lo cual muestra el grado de relevancia que le está dando el gobierno al conflicto.

La especulación que circulaba por estas horas era que se estaba intentando ganar tiempo para alcanzar la inminente cumbre de Dilma Rousseff con Cristina, que al parecer se realizaría el 7 u 8 de abril.

Es que hay un manto oscuro detrás de la decisión de Vale de retirarse del proyecto que el gobierno no llega a destapar. Las razones esgrimidas por la empresa iban dirigidas a la imposibilidad de hacerse de divisas por el cepo cambiario y la prohibición para poder girar utilidades a las casas matrices. Pero ese argumento no termina de cerrar, porque en el momento en que la presidenta comunicó la inversión, en agosto de 2012, todas esas medidas restrictivas ya se encontraban vigentes.

Por otro lado, tampoco suena convincente que el motivo se deba a la caída en el precio del potasio o a problemas financieros en el resto de los países. Si bien en el último trimestre la compañía ganó menos de lo previsto, lo cierto es que en el 2012 tuvo una utilidad neta de nada menos que 19 mil millones de dólares, el tercer mejor año en sus más de 50 que tiene de historia.

Por su parte, si bien el potasio no está en los altos niveles que supo tener en agosto del año pasado, su precio se multiplicó por tres desde el 2010.
Vale nunca terminó de explicar por qué motivos decidieron irse del país y eso es lo que le está quitando el sueño el gobierno, en especial a Paco Perez, que deja de percibir una inversión que es quince veces más grande que los 2.000 millones de pesos que gasta anualmente en obra pública, según comentó hoy el ex gobernador de esa provincia Julio Cobos.

Ese va a ser el punto central de la audiencia a la que convocó hoy el Ministerio de Trabajo, a la que curiosamente invitó a participar no sólo a las empresas contratistas sino también a las subcontratistas. En total, serán unas 100 compañías grandes, medianas y chicas, que el oficialismo busca usar como presión para que Vale explique sus motivos.

Incluso Tomada exhortó a las proveedoras a iniciar acciones legales contra la minera. “Cada empresa contratista o subcontratista no solamente tiene la obligación de no despedir sino de reclamarle por cualquier perjuicio que tenga”. Las mismas ya le avisaron a Vale que van a acatar la conciliación.

En ese sentido, el ministro advirtió que castigará con dureza a quienes no la cumplan. “En caso de que las empresas no acaten la conciliación obligatoria, van a corresponder importantes multas, sanciones pecuniarias en proporción a la cantidad de trabajadores que cada una de esas empresas tenga”.