En el comienzo del plenario de comisiones en el Salón Azul de la Cámara alta, Héctor Timerman defendió el acuerdo que el gobierno argentino firmó con Irán para interrogar a los acusados por el atentado a la AMIA. En ese sentido, recalcó que el memorándum establece que se indagará a todos los sospechosos, respondiendo de esa forma a la negativa iraní a permitir la declaración de su ministro de Defensa, Ahmad Vahidi.

Timerman dijo que a partir de este memorándum "la causa AMIA puede salir de la parálisis en la que se encuentra" y remarcó que la justicia argentina "se encontraba obstaculizada en su accionar". Este acuerdo "agiliza las diligencias que permanecen paralizadas", agregó.

"No estamos proponiendo otra cosa que mecanismos ya aceptados por nuestra Corte Suprema", justificó el canciller, que luego les pidió a los "señores senadores" que "no fantaseen más, no hay cláusulas secretas ni un interés espurios, como gratuitamente lanzaron por sus medios amigos".

El funcionario remarcó que "el memorándum permite que los imputados estén frente a un juez argentino", que será quien determine "los efectos que tendrán las declaraciones". Pese a que recalcó que el acuerdo establece que "todas aquellas personas" que tienen pedido de captura de Interpol "serán indagadas", reconoció que "la indagatoria es un derecho al que el imputado puede renunciar".

Asimismo, Timerman destacó que "antes Irán no cooperaba, y ahora por primera vez se manifiesta dispuesto a hacerlo y reconoce la competencia de los jueces argentinos, después de años de negarse a hacerlo". Además, indicó que el mecanismo del memorándum es reconocido por la Corte Suprema.

"En ningún lugar dice que confiamos en Irán. Yo hubiese podido negociar con Suiza o Noruega, pero no hubiera obtenido ningún beneficio con ellos. Tenía que negociar donde viven los imputados. Confianza ninguna. No es un problema de confianza sino de aplicar la ley", prosiguió. Más adelante, reconoció que "me tengo que reunir con gente que no quería reunirme. No es ningún placer para mí sentarme con negadores del holocausto", remarcó el funcionario y agregó: "Hubiera preferido no tener que hacerlo".

En el recinto del Senado, estuvieron presentes representantes de las entidades judías y familiares de las víctimas del atentado. También se vio a algunos diputados, como el radical Ricardo Gil Lavedra. Además, Timerman estuvo acompañado de su equipo de asesores, que en algunos pasajes tuvieron que tomar la palabra para explicar cuestiones técnicas del memorándum. Una de ellas fue Susana Ruiz Cerutti, la

y que en esta oportunidad explicó los alcances jurídicos del acuerdo.

Al inicio del plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales, y Justicia y Asuntos Penales, la UCR propuso convocar a la discusión al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y al fiscal Alberto Nisman, algo que fue denegado por el kirchnerismo. "Es de una gravísima irresponsabilidad institucionalidad no saber que opinan el fiscal y el juez", afirmó más tarde el senador Ernesto Sanz.

"¿Será que ni el fiscal ni el juez están de acuerdo con que su propio gobierno haya suscripto un acuerdo con el gobierno iraní? ¿Será que ni el fiscal ni el juez comparten todas las aseveraciones de carácter jurídico y procesal? ¿Será por qué no aceptan todo lo actuado y lo someten a una comisión?", preguntó el mendocino, que también se cruzó con Aníbal Fernández.

En tanto, su correligionario Gerardo Morales dijo que el acuerdo “no lo puede decidir una sola fuerza política” y subrayó que "todas las fuerzas políticas de oposición se oponen". En ese sentido, se preguntó si la presidenta cumplirá su palabra de que se actuará con el consenso del parlamento. También acusó al gobierno de “claudicar” y “ponerse de rodillas” ante Teherán.

"El canciller nos está mintiendo en la cara", disparó Morales. Timerman le respondió advirtiendo que dejaría de lado las ofensas personales y los insultos y aseguró que "nada será llevado adelante si el Congreso no lo aprueba". "Siga insultándome. Lamento que haya caído tan bajo", le retrucó con ironía tras dar las explicaciones sobre las dudas del acuerdo.

También el senador Samuel Cabanchik, cercano al kirchnerismo, puso reparos sobre el entendimiento. "¿Qué confianza podemos tener en el gobierno actual de Irán? ¿Por qué, si Irán tiene voluntad política de encontrar la verdad, no facilita a los funcionarios requeridos? O se sabe inocente, y en ese caso debiera colaborar, o se sabe culpable, y en ese caso hacerlo dentro de las limitaciones de este memorándum, no nos da garantías", afirmó el legislador, que aún no dejó en claro cómo votará.

Los legisladores de la oposición plantearon sus principales dudas sobre tres puntos básicos del memorándum. En principio, se volvió a hacer hincapié en la cuestión de la validez de las indagatorias, algo que se venía discutiendo en los últimos días. Pero también se alertó sobre qué pasará con los pedidos de captura de Interpol tras la actuación de la Comisión de la Verdad y se puso el foco en la gravedad de que el tratado esté por encima del código penal.

En general, los senadores opositores insistieron y exigieron claridad sobre las mismas cuestiones, lo que generó el fastidio de Timerman y sus laderos, los senadores Miguel Pichetto, Aníbal Fernández y Marcelo Fuentes.

Respecto a las indagatorias, el canciller dijo que será el juez el que deba definir los términos de las declaraciones y afirmó que ese proceso “no es un acto probatorio, sino un elemento de defensa”. Ante la posibilidad de que los acusados no quieran declarar, sentenció que “el silencio del imputado en modo alguno representará la presunción de culpabilidad”.

Esto no sólo es perder territorialidad, ceder jurisdicción sino garantizar impunidad a terroristas iraníes”. En un cruce con el canciller Héctor Timerman puso en duda el accionar de la Comisión de la Verdad, ya que se desconoce quién la presidirá y bajo qué acuerdos culturales contemplados, debido al contraste entre ambos países.

En tanto, varios senadores cuestionaron que el tratado con Irán tendrá un valor jurídico mayor que el código penal, que tampoco está mencionado en el acuerdo como recordaron Gerardo Morales y Adolfo Rodríguez Saá. "Esto va a ser una ley argentina que va a obligar al juez a respetar las recomendaciones de la comisión. Vamos a modificar las normas procesales argentinas", reclamó el radical Mario Cimadevilla. En todos los casos, la respuesta oficial fue que lo que dictamine la Comisión de la Verdad no será vinculante.

Respecto a la posibilidad de que luego de que Interpol levante los pedidos de captura –algo sobre lo que también alertaron los familiares de las víctimas-, el canciller explicó que "sólo el juez argentino puede pedir que se den de baja las circulares rojas, no importa qué diga la comisión".