Florencio Randazzo lanzó un nuevo ataque contra Daniel Scioli, esta vez por las demoras de un tren que cubría el trayecto Mar del Plata-Constitución. Apurado por la bronca de los usuarios, el ministro del Interior y Transporte se atajó de las críticas y le pasó la pelota al gobernador: "La responsabilidad es de la Provincia de Buenos Aires" declaró.

Previamente, el funcionario había hecho lo mismo a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conducida por Ariel Franetovich, hombre de su estricta confianza. "La CNRT comunica que el servicio de trenes Constitución-Mar del Plata es operado por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), cuyo nombre comercial es Ferrobaires", señala un comunicado.

"Dicha empresa de transporte de pasajeros pertenece al estado de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del gobernador, dentro de la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, dependiendo de la Agencia Provincial del Transporte, cuyo Director Ejecutivo es el Ing. Hugo Javier Bilbao", agrega la nota oficial que desliga totalmente al organismo.

En tanto, el gobierno bonaerense contradijo a Randazzo y responsabilizó a la UGOFE, una unidad de empresas creada por Néstor Kirchner. Desde Ferrobaires dijeron que no la UGOFE -conformada por las empresas privadas Ferrovías y Metrovías- "no le dio vía libre" a la formación por "un corte de vías de vecinos" que reclamaban la reapertura de "un paso a nivel en horas nocturnas". 

El tren de la polémica partió desde Mar del Plata ayer a las 18:00 (una hora después de lo que debía) y arribó a Buenos Aires a las 6:00 de la mañana de hoy. Según los pasajeros, la formación estuvo parada dos veces: poco antes de la medianoche se detuvo a la altura de la estación de Brandsen, mientras que más tarde ocurrió lo mismo en la localidad de Alejandro Korn, por una protesta de vecinos.

En ese momento, la empresa ofreció un servicio de micros hacia Constitución, lo cual demoró aún un tiempo más en concretarse. Quienes subieron a los ómnibus llegaron a Constitución alrededor de las 5:30, mientras que los pasajeros que habían esperado arriba del tren finalmente terminaron el viaje media hora después.

Nueva ofensiva K

No sorprende que el Gobierno nacional vuelva a desligarse de problemas en la red de transportes. Daniel Scioli, Mauricio Macri, los trabajadores y las empresas concesionarias han sido las vías de escape de la Casa Rosada para desviar las críticas.

Sin embargo, en esta oportunidad también hay un factor político coyuntural: la disputa con Scioli. En la última semana, el kirchnerismo endureció la ofensiva y puso en jaque al gobernador.

Primero, el propio Randazzo le pidió al ex motonauta que "si tiene diferencias" con Cristina Kirchner "las tendría que expresar porque acá no sirven los dirigentes que especulan". "Acá hay un modelo político, económico y social que llevamos adelante. Si Scioli es parte de ese proceso, por lo menos, las cuestiones más importantes tendrá que acompañarlas y si no tendrá que expresarse sobre aquellas en que piensa diferente", advirtió.

Más tarde, Cristina Kirchner lo atacó duramente en una carta pública dirigida a Ricardo Darín. Sin tener nada que ver en la polémica con el actor, Scioli recibió un duro reproche por mantener sus ahorros en dólares -algo que la presidenta le había prohibido a sus funcionarios- y por no revelar su declaración jurada.

Al día siguiente, Scioli trató de acallar las críticas y se encargó de hacer público que tiene poco más de 200 mil dólares en una caja de ahorros del Banco Provincia. Pero los cuestionamientos del “cristinismo” siguieron.

El senador Aníbal Fernández le pidió al gobernador que se sume a la pesificación impulsada por la Rosada. "Loco, dale, colaborá con nosotros. No te vas a morir. Lo ponés en plazo fijo y te da mejor guita que la que te dan los dólares, ¿cuál es el beneficio en todo caso de tener dólares?", afirmó el ex jefe de Gabinete, quien el año pasado fue retado en público por la presidenta debido a este mismo tema.

Quien también salió al cruce fue Gabriel Mariotto. El vicegobernador salió a reflotar un proyecto de ley de Ética Pública para que todos los funcionarios de la provincia revelen sus declaraciones juradas, algo que actualmente no es obligatorio en la provincia de Buenos Aires. "El gobernador tiene una suma ahorrada en dólares, y la tiene en su declaración jurada, que no se hace pública; nosotros lo que estamos pidiendo es que todas esas declaraciones se hagan públicas", declaró.