En el marco de la pelea de Cristina con los gobernadores, ahora el gobierno transferirá en forma directa a los municipios el monto que les corresponde en base a la Ley de Financiamiento Educativo, que antes manejaban las provincias y terminaba perjudicando a los intendentes.

La medida fue introducida ayer en forma sopresiva durante el debate de once horas que duró la aprobación del Presupuesto 2013 en la Cámara Baja. Y es que el gobierno no acostumbra a hacer cambios cuando presenta la ley de leyes.

El diputado kirchnerista Roberto Feletti y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda propuso una modificación en el artículo 51, que disponía establecer "la vigencia para el Ejercicio fiscal 2013 del Articulo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley N° 26.206, asegurando el reparto automático de los recursos a los municipios para cubrir gastos ligados a la finalidad educación”, según reza el texto oficial.

El vicepresidente de esa comisión, el radical Miguel Giubergia, confirmó ante LPO que con esta nueva disposición “la situación de los municipios va a mejorar”. “Lo novedoso es que hasta ahora la transferencia era por medio de las provincias en una forma completamente discrecional y ahora va a hacerse automáticamente”, contó el diputado jujeño.

La Ley de Financiamiento Educativo tenía como objetivo llegar al 6% del PBI en el gasto en educación. En el 2007 se creó un fondo que duraría hasta el 2010 por medio del cual el gobierno retenía a las provincias parte de los recursos coparticipables que automáticamente iban a parar a la partida de educación, por lo que no representaba merma alguna para los gobernadores. 

El problema era que los municipios también debían hacer aportes a este financiamiento para compensar el hecho de que las provincias en muchos casos no contaban con la plata que en teoría debían girarles. 

En el 2011 se intentó prorrogar la ley pero como el Presupuesto para ese año nunca se aprobó, los diputados opositores lograron saltar esa complicación. En el del 2012 originalmente no se había incluido y todos los municipios hicieron sus cuentas sin tener en cuenta el descuento que la vigencia de esa ley les representa. Cuando finalmente se incluyó a comienzos de este año en forma sorpresiva, obligó a los intendentes a afinar el lápiz de un día para el otro .

Malena Baro, legisladora bonaerense por la UCR, calculó que por este motivo en 2012 los municipios dejarán de percibir unos $900 millones. Y hasta entrada la modificación en la ley de leyes para el año que viene, estimaba que en el 2013 se perderían unos $1.100 millones “porque cada año va aumentando”, explicó a este medio.

Esta disputa generó más de un dolor de cabeza para los municipios. Baro, de la ciudad de Junín, señaló que en el 2012 el gobierno local había proyectado gastos por $100 millones. Cuando el oficialismo decidió extender este fondo para Educación debieron restarle $7 millones, una cifra más manejable que por ejemplo los 80 millones que dejó de percibir La Matanza en el mismo proceso.