“Fue la gota que rebalsó el vaso”, comenta un efectivo de prefectura en relación al polémico decreto 1.307 que le permitió al gobierno hacer un fuerte ajuste en salarios a la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional mediante la suspensión de suplementos, que se calcula formaban el 70% de las remuneraciones.

Cuando los efectivos fueron a cobrar su último sueldo, encontraron importantes descuentos en sus haberes como consecuencia de esta medida y las protestas no tardaron en estallar. Los focos fueron en los barrios de la Boca, Nuñez y Puerto Madero en Capital Federal, y en La Plata y Zárate.

El Secretario de Seguridad Sergio Berni tuvo que sentarse a negociar cerca del mediodía y pidió 24 horas para dar una respuesta. Ofreció anular el decreto y volver atrás, pero por el momento el paro continuará hasta que no haya una resolución concreta.

Según pudo saber LPO, el descontento de los prefecturinos se condensa en sus máximos responsables, que habrían negociado con el gobierno un ajuste para los escalafones más bajos del cual finalmente las máximas cúpulas quedaran exentas. Por eso las críticas las concentraron en ellos y no con el Ministerio de Seguridad, con quien dicen estar de acuerdo en sus políticas.

El conflicto tomó tal magnitud porque se calcula que el 70% de los haberes del personal militar se compone de pagos en negro (suplementos no remunerativos ni bonificables, destinados a vivienda, vestimenta y estudio, entre otros rubros). Y que con este decreto el 80% vería reducción en sus ingresos.

“Yo cobraba 10 mil pesos y ahora cobro 7.000”, señaló a LPO un integrante de esa fuerza. “Hoy en día un General está cobrando 18 mil pesos cuando por ley debería cobrar 30 mil”, agregó. Y detalló que algunos integrantes han llegado a cobrar hasta 7.000 y 8.000 pesos menos que en el mes anterior.

Cerca del anochecer, se vio ingresar a Hernán Lorenzino al Edificio Guardacostas, en donde ya se encontraba el Secretario de Hacienda Juan Carlos Pezoa.

Efectos

Con esa medida, el gobierno decidió aumentar los salarios en blanco de los efectivos pero al mismo tiempo redujo en una mayor proporción los suplementos que de los que gozaban en función "de responsabilidad por cargo", "por función intermedia", "por cumplimiento de tareas específicas de seguridad" y "por mayor exigencia del servicio".

Así, un Prefecto General, el de mayor rango, cobra un haber de 7.000 pesos y el de menor rango, un marinero, unos $2.700.

De esta forma, quedaban suprimidos los suplementos que correspondían a "responsabilidad jerárquica" y "administración del material", que -según indicaba el decreto- "serán de aplicación exclusiva en el ámbito de las Fuerzas Armadas". Además, disponía la supresión de numerosos “adicionales transitorios".

Así, quedaban afectados más del 80%. Uno de los puntos clave del conflicto son las medidas cautelares presentadas por los prefecturinos, que provocaron una gigantesca dispersión salarial dependiendo de si el juez había fallado a favor o en contra.

"El problema de fondo es la gran dispersión salarial que existe como consecuencia de los miles de fallos judiciales sueldos mal liquidados que reconocieron a algunos miembros de la fuerza sus reclamos y a otros no", explicaron. Por esa situación, existen gendarmes que, a mismo rango y antigüedad cobran sueldos distintos.

"Un gendarme con fallo firme a favor cobra 6.000 pesos y otro sin haber reclamado a la justicia percibe 3.000", informó un integrante de la fuerza.

Es que quienes más cobran son aquellos que obtuvieron sentencias y medidas cautelares favorables en la Justicia por el carácter no remunerativo ni bonificable de los aumentos otorgados desde 2005, que no computan para el cálculo de haberes de los retirados, ni para el aguinaldo ni la obra social.

Esos pronunciamientos judiciales, avalados por la propia Corte en marzo de 2011, con el fallo Salas, habían otorgado aumentos superiores al 140%, al confirmar el carácter remunerativo de los últimos aumentos. Pero en mayo un fallo el famoso caso Zanotti volvía un paso atrás y disponía que los aumentos debían aplicarse sobre el sueldo básico y no sobre la remuneración bruta.

Hasta que finalmente a inicios de septiembre la ministra Nilda Garré firmó el decreto 1.307 y de un plumazo terminó con las idas y vueltas de las cautelares judiciales.

Números

En el Presupuesto 2013, los servicios de Defensa y Seguridad se llevaron el 5,6% del total de los recursos. En el 2012 las partidas destinadas bajo este concepto eran de 30 mil millones y para el año que viene se esperan que sean de 4 mil millones más, marcando un incremento del 13,7%.

De esa suma, lo destinado a Defensa se incrementará un 19,2% y la Seguridad Interior sólo un 9,7%.