El Banco Central dispuso esta tarde que sólo entidades financieras públicas podrán operar en puertos y aeropuertos, en una medida destinada a evitar "abusos" en el cambio de divisas con turistas extranjeros. La medida entrará en vigor este viernes, según se indicó en un comunicado.

Así lo resolvió el directorio del BCRA, que dispuso en consecuencia la revocación de las autorizaciones otorgadas a otras entidades financieras y cambiarias para mantener casas en las referidas plazas.

Según la entidad monetaria, en algunos aeropuertos y terminales portuarias "se detectaron prácticas abusivas que afectan a los viajeros que ingresan a la Argentina". Se verificó el pago de precios por la compra de moneda extranjera muy inferiores a los habituales de mercado.

Según la entidad, la decisión se adoptó a partir de un relevamiento conjunto realizado por el BCRA, la UIF, la AFIP y el ORSNA, que aconsejó avanzar con nuevas medidas destinadas a afianzar la prevención de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en terminales portuarias y aeroportuarias.

Así, con el objeto de facilitar tareas de coordinación en materia de seguridad en los ámbitos mencionados, se resolvió requerir a las entidades financieras públicas que mantengan allí casas operativas que cuenten, en cada una de ellas, con un Oficial de Coordinación con idoneidad y atribuciones suficientes para interactuar con los distintos organismos públicos que cumplen funciones en los puertos y aeropuertos internacionales.

Este tipo de comportamientos resulta abusivo y lesiona derechos de los usuarios de servicios financieros. La reciente modificación de la Carta Orgánica otorga al BCRA facultades para proteger a los usuarios de servicios financieros y dictar medidas consecuentes con esa finalidad, como la que aprobó el Directorio, que prestó especial consideración al hecho de que las entidades públicas propenden, a diferencia de las privadas, a la consecución de fines de interés general entre sus objetivos.

De tal modo, los tipos de cambio minoristas comprador y vendedor ofrecidos por cada entidad pública autorizada a operar en las jurisdicciones citadas deberán ser uniformes para todas las sucursales de la entidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en el caso de las casas operativas instaladas en puertos y aeropuertos internacionales, respecto de las radicadas en la ciudad capital de la provincia respectiva.

Adicionalmente las entidades públicas autorizadas para operar en establecimientos portuarios y aeroportuarios deberán brindar, según la demanda proveniente del tráfico de cada terminal, un servicio continuo a los usuarios. Las entidades dispondrán de un plazo de hasta 30 días corridos para dar cumplimiento a esta previsión.

Berni controla cuevas

Ni la AFIP ni el Banco Central. Los operativos para desbaratar el mercado informal de cambio quedaron a cargo del cada vez más activo secretario de Seguridad, Sergio Berni. El funcionario, que suele andar vestido de manera informal, encabezó tres allanamientos que le permitieron, según sus palabras desbaratar “una red de mesas clandestinas de operaciones de divisas” que funcionaban en un local del barrio de Palermo, en el hotel Intercontinental de Nordelta y en un local del barrio de Liniers.

“Esto lo pudimos hacer a partir de una investigación del Juzgado Federal de la doctora Sandra Arroyo Salgado, en una investigación en la que participó la AFIP, la Policía Federal y el Banco Central”, afirmó Berni desde el local en el que funcionaba una de las mesas de dinero (un Rapi Pago), ubicado en avenida Santa Fe al 3800, entre Armenia y Malabia, en el barrio porteño de Palermo.

Después de varias semanas sin grandes novedades en cuestión de allanamientos, el Gobierno parece haber retomado la intención de, al menos mediáticamente , instalar que está encima del mercado negro. Esta semana volvieron a salir inspectores de la AFIP a “podar arbolitos” en el microcentro, y ahora, allanamientos con Berni a la cabeza.

La ofensiva coincide con la nueva batería de restricciones cambiarias , que en estos días se concentraron en más cargos a las compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera.

“La investigación comienza con una inconsistencia en la declaración jurada patrimonial del titular de esta agencia de servicios y a partir del cruce de datos se ve un aumento de capital que no coincidía con la declaración jurada”, explicó el secretario de Seguridad. A partir de esa inconsistencia, la AFIP presentó la denuncia judicial hace tres meses que hoy desembocó en los operativos y el desbaratamiento de la red.

Berni detalló que “se suman al allanamiento de este local, en el que se cambiaban ilegalmente dólares, dos allanamientos en Nordelta, y estudios contables ubicados en General Pacheco”.

El funcionario nacional evitó precisar la cantidad de detenidos y se limitó a señalar que “estamos esperando que la jueza determine las personas a detener, ya que en base a la investigación ella va dando las directivas”.

La carátula de la causa del operativo llevado adelante es la de “alteración al régimen penal cambiario” .

Por su parte, el subsecretario de Política de Seguridad, Darío Ruiz, dijo que el monto incautado durante los operativos “es muy importante; una cifra millonaria” y que se “ha dado un golpe muy fuerte a esta red que comercializaba moneda extranjera en compra y venta, en infracción al régimen penal cambiario”.

Los allanamientos fueron la conclusión de investigaciones que comenzaron hace tres meses con una presentación de la AFIP sobre un mismo grupo de personas que presentaba inconsistencias en sus bienes y sus consumos.

A partir de esos datos, el juzgado dispuso las medidas y policía realizó una investigación en la que se llegó a determinar “la existencia de mesas de dinero donde se realizaban transacciones de compra venta de dólares y de otras monedas extranjeras”, indicaron fuentes policiales.