Con casi un año de retraso, el juez federal Norberto Oyarbide aceptó ayer enviar a la justicia helvética copias de las causas en que están investigados aquí Hugo Moyano y sus familiares directos por un caso de supuesto lavado de dinero abierto en Suiza.

De esta forma, dio curso a un pedido que horas antes le había hecho el fiscal federal Jorge Di Lello, quien antes rechazó la vieja intención de la Cancillería de seguir pidiendo precisiones a Suiza sobre ese exhorto. Suiza hizo (ver facsímil) “ un relato suficiente de las características del hecho que se encuentra investigado”, dijo el fiscal. En su escrito, al que accedió Clarín, Di Lello habla del exhorto en que se pide información sobre “ Pablo Moyano, hijo de Hugo Moyano y contra familiares del nombrado”. Se trata del hijo camionero del jefe de la CGT. Fuentes allegadas a Di Lello explicaron que es la respuesta al mismo exhorto que habla de Hugo Moyano por una cuenta bloqueada al presidente de Covelia, Ricardo Deprebisteris, con U$S 1,8 millones, en esa causa. Covelia es la recolectora de basura preferida de Moyano.

Según publicó el diario Clarín, ahora el juez pedirá una copia certificada de las causas de la mafia de los medicamentos y por supuesto enriquecimiento ilícito, entre otras, abiertas contra Moyano para enviar a Suiza. Si en el futuro, la fiscal suiza María Antonella Bino encuentra algún hipotético vínculo entre Moyano y la cuenta de Deprebisteris ampliaría su investigación.

La rápida respuesta de Oyarbide tuvo lugar luego de que Hugo Moyano, el miércoles se distanciara más del Gobierno al hablar de usar “todos los medios legales y de lucha” para conseguir mejoras salariales. Pero el año pasado el cuadro de alianzas políticas era otro. Cuando se conoció el exhorto, el 17 de marzo pasado, Moyano llamó a un paro de camioneros. Pero la huelga se levantó al día siguiente porque el Gobierno defendió a Moyano política y judicialmente retrasando esta respuesta. Sin embargo, a medida que el camionero comenzó a distanciarse de Cristina Kirchner se enfrió esa actitud gubernamental.

Pero quizás el elemento clave en el cambio de actitud de Oyarbide es que los diputados de la UDESO Graciela Ocaña y de la UCR Manuel Garrido presentarán en los próximos días “una denuncia por obstrucción de justicia contra el canciller Héctor Timerman”. Ocaña dijo a este diario que en el expediente se ve “claramente cómo la cancillería que dirige Timerman obstaculizó esta cooperación judicial a Suiza”.

El argumento principal de Timerman era que Suiza no había especificado “el hecho delictivo” que se investiga, entre otras formalidades. Su actitud provocó una polémica y el canciller calificó la información de este diario como un “cuento literario”.

Solo por un pedido de Ocaña, el juez Oyarbide el 4 de octubre solicitó a la cancillería la respuesta suiza con la traducción al español de los delitos que se investigan en aquel país europeo. La contestación estaba retenida desde el 1 de abril. Por este y otros motivos es que Ocaña, que actúa como amicus curiae, hará esa denuncia en la que Oyarbide parece no quiere quedar pegado.