El Gobierno de Cristina Kirchner no sancionó una ley para regular los ensayos clínicos, que podría haber evitado la muerte de 14 bebés que se sometieron a pruebas de la farmacéutica británica GlaxoSmithKline.
La actividad se regula por una resolución de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que multó a la farmacéutica con un millón de pesos por los polémicos ensayos clínicos.
“El contenido de la resolución no es malo, pero sí limitado. Y si tuviera un rango de ley le marcaría más los límites a las empresas”, sostuvo a LPO Jorge Yabkowski, titular de la Fesprosa, que inició las denuncias sobre GlaxoSmithKline.
El último intento para que exista una norma lo hizo Graciela Rosso, ex viceministra de Salud de Ginés González García, con quien solía cruzarse por cuestiones de regulación de la industria médica.
El proyecto fue aprobado en Diputados en noviembre de 2007 pero nunca fue tratado en el Senado durante el Gobierno de Cristina Kirchner.
El oficialismo de esa Cámara siempre es reacio a tratar estas cuestiones: trabó por años la ley de medicina prepaga y en 2003 cajoneó la eliminación del cobro directo a hospitales públicos, presuntamente, por instrucción de González García.
El proyecto de Rosso apuntaba a cubrir el vacío legal que quedó en evidencia con la operatoria de Glaxo, que en 2008 recibió una sanción de un millones de pesos de la Anmat, ratificada el lunes por el juez Marcelo Aguinsky
Según relató a LPO Yabkowski, la operatoria de Glaxo en Santiago del Estero, Mendoza y San Juan, consistía en reclutar gente pobre por 30 o 40 pesos, llevarla a los hospitales a vacunarlas y prometerles una obra social paralela.
La norma desechada por Cristina Kirchner obligaba a que los ensayos clínicos se realicen “sólo si los beneficios previstos para cada sujeto del ensayo y para la sociedad superan claramente a los riesgos que se corren” y puedan iniciarse si un Comité de Ética y la autoridad de aplicación lo habilitan.
O sea, con esa norma, los polémicos ensayos de la farmacéutica británica deberían haber pasado por la venia del Gobierno nacional.
También contempla que “el consentimiento informado de cada uno de los participantes es un requisito ineludible para la incorporación efectiva al proyecto de investigación propuesto” y que “no debe considerarse consentimiento libre el obtenido bajo presión o inducción indebida”.
El lunes el fallo que ratificó las irregularidades de Glaxo, reconocidas por la Anmat en 2008, el Gobierno impulsaría una ley para regular ensayos clínicos pero desde la Secretaría de Derechos Humanos y no desde el Ministerio de Salud.
Su titular, Juan Manzur, ni siquiera respondió a alguno de los nueve llamados que recibió de Fesprosa por este tema.
“Estas cosas sólo ocurren porque la presión de la industria farmacéutica. Por lo mismo que fue Ricardo Martínez, el interventor de la Anmat que embistió contra Glaxo”, recordó Yabkowski.
