Durante la jornada de debate realizada ayer por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el oficialismo no sólo consiguió el dictamen para el presupuesto 2012 sino que también lo obtuvo para modificar la ley de Impuesto a las Ganancias.

La propuesta fue presentada por el nuevo presidente de la comisión, Roberto Feletti, y postula cambios en el artículo 23 de la ley sancionada en 1997. Lo novedoso es que no sólo busca “blanquear” los montos que fueron actualizados por decreto durante el 2010 y 2011, sino que además establece la facultad al Poder Ejecutivo de decidir sin paso previo por el Congreso las subas en los montos a partir del 2012.

El texto, que será tratado en la próxima sesión de Diputados el próximo jueves, argumenta que “en perspectiva de aumentos salariales y de ingresos de los trabajadores en general, se pretende facultar al Poder Ejecutivo para adecuar la incidencia de la carga tributaria de modo tal de impedir que la misma neutralice los efectos benéficos de la política económica de empleo y salarios seguida por este Gobierno”.

Desde la oposición consideraron que el proyecto “es completamente inconstitucional” ya que la Constitución establece que todo cambio que se realice en materia tributaria debe pasar antes obligatoriamente por el Congreso. En ese sentido, desde la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical presentaron proyectos alternativos que finalmente fueron dictaminados por la minoría.

La crítica que esgrimen desde estos sectores es que en ningún punto la resolución establece qué criterio utilizará el Ejecutivo para decidir los cambios, lo que aducen podría traducirse en “una total discrecionalidad”.

Las tensiones se remontan a la discusión por el presupuesto 2011 que sucedieron el pasado año. Durante el 2010 las trabas en el Poder Legislativo impidieron la aprobación del Presupuesto 2011, con lo cual las modificaciones en los montos del Mínimo No Imponible debieron realizarse por decreto mediante resoluciones de la AFIP, “cuyo objeto”- afirma el oficialismo -“fue impedir el impacto fiscal sobre las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia e independientes”.

En las mismas se disponían actualizaciones del 20 por ciento para cada año, con lo cual con un nivel de salarios que va corriendo de cerca a la inflación, en los hechos implican que se mantenga en el mismo nivel el monto mínimo más allá de las subas que haya habido en el poder adquisitivo de los asalariados.